Los propietarios de fincas cinegéticas de Castilla-La Mancha esperan que la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que regirá la actividad del sector en los próximos lustros se adecúe a la realidad y pondere “la importancia” económica que tiene en los entornos rurales de provincias como la de Ciudad Real. Así lo dice Luis Fernando Villanueva, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (APROCA), en una entrevista, en la que dice confiar en que la Administración (Consejería de Desarrollo Sostenible) estime las alegaciones realizadas por la organización a unos 50 de los 136 artículos del reglamento que desarrollará la norma. La prohibición del uso de plomo en cotos sociales, zonas colectivas y montes de titularidad pública y humedales, la “criminalización” de los titulares de cotos ante cualquier accidente o practica ilícita que se cometa en sus fincas o el exceso de burocracia son algunas de las cuestiones que, a su juicio, “lesionan gravemente” a un ámbito que genera 630 millones de euros al año y da empleo a 23.550 personas (el 3% de los ocupados en la región), entre los 13.770 puestos indirectos y los 9.780 directos. Villanueva también muestra su “preocupación” por la nueva Ley nacional de Bienestar Animal en la que trabaja el Gobierno, que impondrá la esterilización de los perros y prohibirá la cría de animales. Para las rehalas será “un duro golpe”, sostiene, a la vez que pide que se distinga entre animales de producción y domésticos.
PREGUNTA.- ¿Cuáles son las principales alegaciones presentadas por APROCA a la propuesta de reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha?
RESPUESTA.- Tras pasar por los servicios jurídicos y por el Consejo Consultivo, la previsión es que el borrador entre en vigor antes de enero. Tenemos mucha preocupación porque sentará las bases del modelo de caza que tendremos en los próximos 10 o 15 años. El anterior es del año 1996, y es el momento de impulsar una caza más moderna. Por ello, hemos pedido que se reduzca la burocracia administrativa, que es una gran carga para el sector y para la propia administración. Estamos en el siglo XXI y no tiene sentido que la mayoría de ingenieros y técnicos de la Junta estén haciendo este tipo de tareas. También nos preocupa la limitación de utilizar plomo en los montes de utilidad pública, la distancia de seguridad que establecen y las prohibiciones de caza en bebederos. Estas restricciones harán imposible el desarrollo de la actividad cinegética en más del 30% de los cotos y por ello esperamos que la modifiquen. También contemplan la obligación a desarrollar planes de ordenación cinegética bastantes profesionales, con medidas sanitarias y agroecológicas muy exigentes, por lo que el coste va a ser grande para las fincas. Pero si queremos una profesionalización tendrían que dejar una libertad de gestión a los titulares en base a esos planes técnicos. Igualmente, hay una exigencia para los arrendamientos de que los contratos tienen que tener una liquidación fiscal. Otro tema es la responsabilidad administrativa, incluso penal, que tienen los titulares de los cotos en el caso de accidentes con animales, con multas muy abultadas. Son cuestiones que impiden el ejercicio de la caza.
P.- ¿Y tiene confianza en que todos esos puntos sean modificados?
R.- La última reunión fue hace unos días de manera presencial y les expresamos nuestras alegaciones y preocupaciones en persona. Salimos contentos pero luego veremos los resultados. Entendemos que tomarán medidas y ya hay algunos cambios hechos de temas menores pero hay otros artículos del borrador que si no se modifican harán imposible esta práctica en la región. Insistimos en la importancia económica y laboral que tiene el sector en la comunidad, pues genera 630 millones de euros al año y da empleo a 23.550 personas (el 3% de los ocupados en la región), entre los 13.770 puestos indirectos y los 9.780 directos. Y además, los propietarios cinegéticos y los cazadores somos los únicos que invertimos en el mismo. Es ahora cuando el presidente Emiliano García-Page tiene que poner encima de la mesa su defensa de la caza. Lo único que pedimos la administración es que regule la actividad, peor no sólo con exigencias sino abordando otros problemas. Esperemos que todo llegue a buen puerto.
P.- Como por ejemplo
R.- Debe apostar y trabajar en la incorporación de jóvenes facilitando su acceso. No puede ser que estén suspendiendo entre un 30% y un 40% de quienes se presentan para obtener el permiso de cazador por las altas cargas jurídicas de los exámenes. Sería mejor formar a la gente joven y que de algún modo puedan valorar la importancia de la caza, más que a través de un examen tan exigente. Del mismo modo, deberían hacer una apuesta porque Castilla-La Mancha siga siendo la referencia de caza menor en toda Europa. Tenemos un problema grave con la perdiz, pero no se desarrolla ningún plan de recuperación de una especie tan emblemática. Seguro que si no fuera cazable, adoptarían medidas, pero parece que las especies cinegéticas las dejan al libre albedrío.
P.- ¿Cuáles son esas inversiones que realizan los titulares de los cotos y los cazadores?
R.- Somos los únicos que estamos invirtiendo en la recuperación de las especies de caza y no hay incentivación ni medidas de apoyo. Por ejemplo, a través de la Fundación Artemisan (Villanueva también es su director), hay en marcha 15 proyectos diferentes a nivel nacional como el de la recuperación del urogallo pirenaico en el Valle de Bielsa. Uno que afecta a Castilla La Mancha es el proyecto RUFA para planificar una caza sostenible de la perdiz roja, o Coturnix, para conservar las poblaciones de codorniz común (Coturnix coturnix) en España y garantizar su aprovechamiento cinegético sostenible. También vamos a hacer un proyecto de cabra montés en Castilla La Mancha, para valorizar esta especie en comarcas como Sierra Madrona
P.- ¿Y qué opina del anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Debate de la Región, de la supresión de la tasa de licencia de caza y pesca a sus residentes?
R.- Está bien, pero la pregunta es no hubiera sido mejor cumplir sus propios compromisos y poner en marcha la licencia interautonómica?. Somos la única comunidad importadora de caza que seguimos sin tenerla, y no sería un gran perjuicio directo a las arcas públicas porque se notaría en las poblaciones rurales. Los datos económicos son importantes y tal y como recogió un informe económico de Artemisan
P.- ¿Se está notando un aumento de la presencia de cazadores foráneos en la actual temporada, ya casi superada la pandemia?
R.- Sí, hay más movimiento y están viniendo de otros puntos.
P.- Ustedes también se han mostrado en contra de la Ley nacional de Bienestar Animal
R.- No es por ser alarmista, pero conforme está redactada supone la prohibición de la actividad cinegética en más de un 60% de las modalidades cinegéticas. Sería el fin de la caza y no es exagerar. Parece increíble que una ley que se llama de bienestar animal apueste por castrar a los perros. Y que además te tengas que convertir en un criador profesional para criar perros es una barbaridad. Hay que hacer una diferencia entre animales domésticos y los animales de producción (para la caza o para la actividad ganadera). Por supuesto que tiene que haber un bienestar animal pero tal y como lo recoge la Ley de Bienestar Animal de Castilla La Mancha. Con la esterilización dejarían de existir actividades como las monterías, batidas o los ganchos. Por ello, pedimos a la administración regional que se posicione ya respecto a esta ley.
P.- ¿Y cómo valora el borrador del RD de núcleos zoológicos de animales de compañía de esta Ley, para tener por ejemplo más de cinco perros?
R.- Es un tema gravísimo porque hará desaparecer las rehalas en España y tendrá un gran impacto en una actividad tradicional tan importante como las monterías y las batidas para el mantenimiento de las especies.
