A preguntas de los medios de comunicación en Cuenca, Gómez ha respondido a las críticas lanzadas por el colectivo Pueblos Vivos a la reactivación de macrogranjas y ha asegurado que no está de acuerdo con la relación que hacen de la presencia de estas sales y estas explotaciones, según recoge Europa Pres en nota de prensa.
En este sentido, ha indicado que, según los datos que maneja el Gobierno de Castilla-La Mancha, la mayor contaminación por nitratos en estos momentos, tanto en los acuíferos como en los terrenos, «no viene dado por el uso de purines, sino que viene dado por el uso de abonos inorgánicos altamente enriquecidos en nitrógeno y mal laboreados».
La consejera ha asegurado que «los agricultores y ganaderos son los primeros interesados en que hagamos una nueva normativa para poder hacer las cosas bien» y el objetivo de la nueva norma será que, en las zonas que se identifiquen con problemas de nitratos, «ayudarles a tener una buena práctica agraria».
La responsable de Desarrollo Sostenible espera que a finales de marzo puedan sacar un nuevo mapa de las zonas vulnerables de nitratos y el decreto con medidas de acompañamiento.
Reactivación de las macroganjas
Gómez ha recordado que un total de 62 expedientes de microgranjas quedaron paralizados por la moratoria -22 en Cuenca-, y ahora que ha finalizado «lo que se ha hecho ha sido notificar tanto a los ayuntamientos correspondientes como a los promotores el levantamiento para pedirles si están dispuestos a seguir adelante, porque ahora tienen que cumplir nuevos requisitos; y a los ayuntamientos si siguen estando en disposición de que se instale ese tipo de proyecto en su término municipal».
La consejera ha comentado que están recibiendo respuestas de unos y otros y avisa que será «un recorrido a largo plazo». Además, ha defendido el trabajo que ha hecho el Gobierno regional desde la moratoria porcina «para analizar exhaustivamente qué hacer para mejorar la evaluación ambiental y los requisitos que se tienen que seguir a este tipo de explotaciones de alta capacidad».
Entre los avances, ha destacado la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, que permite que los ayuntamientos se pronuncien sobre los expedientes de cualquier tipo «y evalúen lo que quieren para su territorio para dar transparencia». En ese sentido, Gómez ha subrayado que los informes de los ayuntamientos «son vinculantes, por lo que si un término municipal decide en su pleno o tiene una norma urbanística indicando que no se pueden instalar este tipo de explotaciones o cualquier otro tipo de proyecto, no vamos a evaluar el proyecto correspondiente».
