“Si contabilizamos a ojo a las personas que se ven en los asentamientos” son más que estas personas atendidas por Cáritas, sin que sea poco que al menos “uno de cada tres temporeros” esté en situación de infravivienda.
En concreto, en la atención que realizó Cáritas de 828 personas, se detectaron “36 viviendas precarias en las que se contabilizaron 111 personas en hacinamiento, 57 personas estaban viviendo a la intemperie, 15 en alojamientos inseguros, 10 en vehículos y 21 en chabolas”, indicó Carmen Pilar Murillo, coordinadora del programa de Inmigración de Cáritas, en la presentación de la campaña de 2024 sobre los temporeros con el lema ‘Vivienda y trabajo ¿Hay alternativas?’
Para Cáritas, sí que las hay. Reconociendo que “hay un problema real de vivienda y, en concreto, para estos trabajadores esenciales para nuestras economías”, solicita que “las asociaciones agrícolas que firmaron el convenio agrario hace un par de semanas” colaboren en garantizar el alojamiento de los temporeros “como se recoge en otros convenios agrícolas del país como el de La Rioja y tal y como recomienda la UE”, planteándose la posibilidad de que sean los propios empleadores agrícolas quienes alquilen viviendas para los trabajadores.
Así mismo, pide que los ayuntamientos se planteen abrir alojamientos temporales, atiendan las zonas degradadas donde se alojan con recogida de basura y saneamientos, y establezcan planes de emergencia ante posibles situaciones derivadas del alojamiento inseguro como antiincendios, inclemencias del tiempo como olas de calor y tormentas, desahucios y violencias.
“La exclusión residencial además de atentado contra la dignidad social de las personas implica riesgos en cuanto a su integridad física y moral. Vivir en infraviviendas conlleva riesgos de incendios y accidentes, exposición a agresiones físicas, verbales y robos, episodios de racismo y xenofobia, y dificultades para guardar pertenencias, documentación y dinero ganado en la campaña y objetos personajes importantes”. “Una persona que vive en una nave o coche difícilmente va a poder cumplir bien trabajando”, agregó.
También Cáritas, reclama que, en materia de convivencia, “en los pueblos se combatan los bulos sobre las personas temporeras y se reconozca su aportación a la economía”.
“Vienen a hacer un servicio que muchos no queremos hacer”, sacan adelante un trabajo esencial como el del campo y la producción de alimentos “y encima los rechazamos y los dejamos vivir de mala manera”, señaló Conchi Aranguren, directora de Cáritas de Ciudad Real, que destacó la importancia de la “sensibilización y concienciación de las administraciones que no pueden consentir que se mire para otro lado”.
En materia de trabajo, Cáritas reclama que los sindicatos firmantes del convenio agrícola vigilen las condiciones laborales de los temporeros y animan a los empleadores a que acudan al seguro, fiable y gratuito servicio de intermediación laboral de esta organización que gestiona ofertas de trabajo para las campañas agrícolas y garantiza trabajadores cualificados con la documentación en regla, evitando posibles fraudes en las contrataciones como la suplantación de identidad.
Carmen Ruiz, coordinadora del programa de Empleo de Cáritas, indicó que durante el año 2023 “acompañamos a los temporeros en localidades como Ciudad Real, Tomelloso, Valdepeñas, La Solana y Herencia”, atendiendo desde el servicio de intermediación laboral a 371 personas, de las que “casi el 87 por ciento estaban en situación administrativa irregular, con lo que sólo el 13,8 por ciento tenían la documentación necesaria para hacerles un contrato”.
Como “hasta que pasan dos o tres años no pueden empezar a regularizar su situación, nos encontramos con gente con ganas de trabajar, que no puede acceder a otros recursos y necesita trabajo para poder subsistir, con lo que se ve sometida a aceptar trabajos precarios, a veces en condiciones infrahumanas en las que se vulneran mucho los derechos laborales”, expuso Ruiz, que también se refirió al “problema de los intermediadores ilegales o comisionarios”, la existencia de “varias bandas organizadas que se encargan de captar a estas personas, se las llevan a los campos cobrándoles por el desplazamiento e incluso quedándose con un porcentaje de sus sueldos”.
Cáritas atiende tanto a las personas en situación administrativa irregular como a quienes tienen permiso de residencia y trabajo. “Atendemos desde una perspectiva de derechos humanos, reconocemos el derecho a la alimentación y atendemos necesidades básicas, reconocemos el derecho a una buena administración por lo que queremos que estén empadronadas y reconocemos el derecho a la salud y orientamos para la obtención de la tarjeta sanitaria”, apuntó Murillo.
