La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) va a solicitar formalmente al Ministerio de Agricultura, a través de una carta dirigida al Director General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Valentín Almansa, la eliminación de la obligatoriedad de implantar el crotal electrónico en las explotaciones de vacuno a partir del próximo 30 de junio, tal como recoge el artículo 5 del Real Decreto 787/2023.
Según COAG, la identificación electrónica obligatoria no sólo carece de fundamento legal en la normativa europea, sino que representa un claro perjuicio para las explotaciones ganaderas, especialmente en el medio rural. “La trazabilidad ya está garantizada con el sistema actual de identificación convencional. Obligar a todo el sector a dar este paso sin una digitalización previa de la cadena es poner el carro antes que los bueyes”, ha declarado Joaquín Gargallo, responsable del sector vacuno de COAG.
Una normativa desalineada con Europa
COAG recuerda que el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 no impone esta obligación a nivel comunitario. De hecho, según datos de la propia Comisión Europea, únicamente cinco países han establecido de manera obligatoria la identificación electrónica en todo su territorio. “La norma española va mucho más allá de lo exigido por Bruselas. Pedimos coherencia y sensatez: que se ajuste a las verdaderas obligaciones europeas y se evite imponer cargas innecesarias al sector. Cada vez que abren la boca sube el pan… y en este caso el filete. Acabamos asumiendo más costes sin sentido”, se apunta desde la organización agraria.
Sobrecostes, dificultades en el manejo y desventaja competitiva
Entre los problemas concretos que acarrea esta medida, COAG destaca: El incremento del coste tanto en crotales electrónicos como en sus duplicados, la paralización de movimientos de animales que pierdan un crotal, electrónico, hasta su sustitución y la desventaja competitiva frente a animales importados que no tienen esta obligación.
“La identificación electrónica no aporta garantías adicionales, pero sí más burocracia, más dependencia tecnológica y un coste adicional que el ganadero no puede asumir. Es una decisión sin consenso y sin planificación”, ha subrayado Gargallo.
COAG insiste en que, antes de imponer esta medida, es imprescindible garantizar una digitalización real de toda la cadena, desde la explotación hasta los mataderos y oficinas veterinarias. Solo así podría hablarse de una transición útil hacia la automatización.
La organización agraria ha reiterado su disposición al diálogo con el Ministerio, pero con una condición clara: que se elimine la obligatoriedad del crotal electrónico para el vacuno y se respete el principio de proporcionalidad y viabilidad que rige en la normativa europea. “La simplificación administrativa debería ser real y no impostada. El Ministerio no puede decir en foros de Ganadería Extensiva que apuesta por soluciones dialogadas con el sector y luego aprobar disposiciones y obligaciones de forma unilateral”, ha apostillado el responsable de vacuno de COAG.
