Destilación de crisis o almacenamiento, son las dos medidas que la Comisión Europea ha autorizado para atajar la crisis que el coronavirus ha provocado en el sector del vino en países como España, Francia e Italia.
En el reglamento 2020/592 publicado el 4 de mayo en el Diario Oficial de la Unión Europea, las autoridades comunitarias reconocen la importante perturbación de la pandemia de la COVID-19 en el mercado vitivinícola, y también en el de frutas y hortalizas de toda la Unión.
En el caso del vino el impacto ha sido devastador, con una paralización casi total de las operaciones comerciales y el hundimiento de los precios, que no ha mejorado las voluminosas existencias en los días previos a la pandemia.
A 29 de febrero, España contaba con un stock de 51 millones de hectolitros, 20,1 Mhl en Castilla-La Mancha, entre vino (16,7 Mhl) y mosto (3,4 Mhl), tras la rebaja en un mes de 1,8Mhl, según los últimos datos publicados por el sistema Infovi, del Ministerio de Agricultura.
Es un 60% más de vino respecto los 12,4 millones -10,9 millones de hl de vino y 1,5 de mosto- que guardaban las bodegas y cooperativas (almacenistas productores) de la región al inicio temporada (el 1 de agosto), y que benefició las operaciones en el enlace de campaña.
La propia CE reconoce que las existencias vinícolas se hallan en su nivel más alto desde 2009, debido a la conjunción de una cosecha récord en 2018 y un descenso general del consumo de vino.
Daño adicional
La llegada del coronavirus y su rápida y demoledora propagación ha creado un daño adicional “a un sector frágil”, y tras las restricciones impuestas por los estados, mucho más limitantes en el confinamiento español, las distintas organizaciones vinícolas (desde OPAs como Asaja, a Cooperativas Agroalimentarias, o la asociación de industrias vinícolas de Ciudad Real) vieron la necesidad de solicitar medidas a la administración para hacer frente a las graves consecuencias económicas para este mercado.
Tal y como reconoce la CE, el sector ha sufrido la “disrupción de las cadenas de suministro y los servicios de logística”, tanto en los mercados al por mayor como al por menor.
En concreto, estima que el cierre de hoteles, bares y restaurantes afecta directamente al 30 % del volumen de vino consumido en la Unión, lo que equivale al 50 % de su valor.
Es una pérdida que tampoco se ha compensado por el consumo de vino en los hogares, sin celebraciones y encuentros domésticos como los cumpleaños u otro tipo de fiestas nacionales.
También peligra, según la propia CE, la temporada turística de verano, que se suma a la escasez de mano de obra y dificultades logísticas, por las que los viticultores deberán hacer frente a problemas cada vez más numerosos: precios bajos, reducción del consumo y dificultades en el transporte y las ventas.
Vendimia en verde
Ante este triste escenario, las autoridades europeas también contemplan incrementar las subvenciones para la reestructuración y reconversión de viñedos, la vendimia en verde, el seguro de cosecha u otras las inversiones.
Destilación de vino
Por lo tanto, el reglamento considera que la destilación de vino por la crisis de la pandemia de COVID-19 debe constituir, con carácter temporal, “una medida que pueda recibir apoyo dentro de los programas de apoyo en el sector vitivinícola, para contribuir a mejorar los resultados económicos de los productores vitivinícolas”.
Esta transformación del alcoholo vínico tendrá un uso industrial o energético, incluida la fabricación de desinfectantes y productos farmacéuticos, y no para uso de boca (productos alimenticios y bebidas).
Almacenamiento
Por su parte, la ayuda para el almacenamiento podría eliminar temporalmente del mercado determinadas cantidades de vino y ayudar al retorno a una situación más viable económicamente.
Todas las medidas son temporales para compensar pérdidas significativas de ingresos y costes adicionales derivadas de las perturbaciones que afectan al mercado y a su producción. Tendrán que ser habilitadas por la administración de cada país, en España por el Ministerio de Agricultura, dentro de las ayudas de los programas de apoyo al sector, que los beneficiarios no podrán sumar.