El órgano de coordinación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), del que forman parte el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas, ha hecho este martes balance de su primer año de aplicación durante una reunión en la que también se ha tratado el cronograma de las modificaciones a introducir a lo largo de 2024.
En concreto, este órgano de coordinación tiene como principal misión asegurar la coherencia entre las actuaciones de los diferentes niveles administrativos y garantizar la adecuada coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas, así como facilitar el seguimiento, análisis y debate de todos los aspectos relacionados con la aplicación del Plan Estratégico.
En la reunión, presidida por el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, se ha analizado el desafío de poner en marcha la reforma de la PAC en un año marcado por circunstancias esternas adversas como la invasión rusa de Ucrania y la sequía.
El análisis se ha centrado en valorar si se avanza adecuadamente en la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico en las tres vertientes de la sostenibilidad, económica, social y medioambiental.
Respecto a la sostenibilidad económica, los primeros datos disponibles refuerzan el papel que tienen las ayudas a la renta en la estabilidad de los ingresos de las explotaciones agrarias, y reafirman la decisión de haber asignado el 61% del presupuesto de las ayudas directas a estas intervenciones. Los datos muestran igualmente la importancia del pago redistributivo para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones.
En cuanto a la sostenibilidad social, los datos de solicitud del pago complementario a jóvenes agricultores y agriculturas de la campaña 2023 son similares a los de la campaña 2022, a pesar del significativo incremento de las ayudas, lo que indica la necesidad de mantener los esfuerzos para alcanzar el objetivo marcado de relevo generacional e incorporación de mujeres, tanto en el primer como en el segundo pilar.
Por su parte, los datos de solicitudes de las ayudas asociadas, que con carácter general han estado por debajo de las cantidades planificadas, principalmente por los efectos de la sequía y el incremento de costes, confirman el papel “clave” de estos apoyos para la viabilidad y sostenibilidad de los sectores elegidos.
Según Agricultura, en el análisis se constata que la combinación de la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y los compromisos agroambientales de desarrollo rural, han supuesto un avance significativo en la ambición medioambiental de la nueva PAC.
Así, a través de los ecorregímenes, se han realizado prácticas beneficiosas para el medio ambiente en más de 19 millones de hectáreas -el 87% de la superficie solicitada en la campaña de la PAC-, por parte de tres de cada cuatro agricultores que han solicitado ayudas.
Destacan también la solicitudes de producción ecológica para dos millones de hectáreas, muy por encima de la cifra planificada de 1,1 millones de hectáreas.
Estos datos confirman, según ha destacado Miranda, que se sigue el camino adecuado para conseguir los objetivos establecidos en el Plan Estratégico, aunque hay algunos ámbitos en los que es necesario un análisis más profundo y realizar determinados ajustes.
