«Estamos en un momento muy complejo en el que, a las tensiones habituales que pueda haber en las negociaciones de la PAC, hay que sumar circunstancias geopolíticas como la posible ampliación de la UE por la entrada de Ucrania o la decisión que, en relación a los aranceles, pueda tomar Estados Unidos».
Con este escenario, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido anticiparse y fijar su posición y prioridades en este documento que ha entregado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, al comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en el encuentro que, junto al ministro Planas y el resto de consejeros autonómicos, ha mantenido en Madrid.
Tal como ha explicado Martínez Lizán, «nuestras propuestas tienen como objetivo asegurar un presupuesto justo para la PAC, ahora que se empieza a debatir el marco financiero de la UE para los próximos siete años; garantizar una Política Agraria Común que se ajuste a las necesidades de nuestro territorio y una serie de medidas de futuro. Todo ello lo hemos articulado en ocho proposiciones que quieren garantizar la renta de agricultores y ganaderos y el futuro del campo y del medio rural», ha dicho el consejero minutos antes de iniciar este encuentro.
Empezando por el marco financiero de este nuevo periodo de programación, Julián Martínez Lizán ha indicado que es fundamental que se conozca, «si contaremos con un presupuesto similar o si se prevén recortes, sobre todo por la posible ampliación de la Unión Europea».
Siguiendo por las medidas concretas «para una PAC de futuro», tal como avanzaba ayer el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el Gobierno de Castilla-La Mancha rompe una lanza claramente a favor de relevo generacional proponiendo la creación de un Fondo Especial de Relevo Generacional en el Sector Agrícola Europeo que va más allá de las ayudas a la incorporación y que propone, entre otras cuestiones, facilitar la sucesión agraria; apoyar económicamente a los agricultores salientes o ayudas directas para la adquisición, arrendamiento o modernización de explotaciones agrícolas en favor de los nuevos agricultores.
En tercer lugar, la protección de la figura del agricultor activo, también adelantada por el consejero el miércoles, es otro de los puntos recogidos en el texto entregado al comisario europeo, en línea con la presencia de jóvenes en el sector para que haya agricultores profesionales que aseguren explotaciones rentables y sostenibles.
El documento también pide a la Comisión Europea «un compromiso político, pero sobre todo económico» con la agricultura ecológica para asegurar fondos suficientes para aquellos agricultores y ganaderos que quieran transitar hacia este sistema de cultivo o mantenerlo en el tiempo, algo vital para el cumplimiento de los objetivos económicos de renta y ambientales de la UE.
Defensa de los productores
En quinto lugar y respecto a la defensa de los productores, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera «fundamentales las cláusulas espejo y los mecanismos de protección frente a aranceles que pueden afectar seriamente a producciones muy importantes para nuestra región. Sólo mediante cláusulas espejo se podrá mantener la competitividad y los altos estándares de calidad alcanzados por los productores europeos», ha dicho el consejero.
En este sentido, también es importante seguir avanzando en la indicación del origen del producto, para que el consumidor lo pueda identificar claramente. Además, «solicitamos un sistema de remuneración justa y obligatoria para los productores que permita un reparto adecuado del valor de la cadena alimentaria».
Respecto al sector vitivinícola, «prioritario para la región», Julián Martínez Lizán ha explicado que el documento recoge la petición de flexibilización de mecanismos como la Intervención Sectorial del Vino y la Promoción del Vino en Terceros Países «para que su puesta en práctica pueda ser más beneficiosa para los intereses del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, y por tanto también de España y de la Unión, y cumplir así con los objetivos marcados».
Una propuesta novedosa, y tras la publicación del Reglamento de la UE que establece un marco voluntario para la certificación de absorciones de carbono y reducción de emisiones en suelos, «es nuestra disposición a colaborar con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Reto Demográfico, y Desarrollo Demográfico, para impulsar el desarrollo y validación de metodologías de cuantificación de captura de carbono en la agricultura, a partir de experiencias previas en proyectos piloto en los que han participado agricultores, administraciones, universidades, entidades certificadoras y sector agroalimentario». Sería un complemento de renta «que ayude a los agricultores a garantizar la viabilidad de sus explotaciones».
El octavo y último punto del documento es la formación de agricultores y ganaderos para mejorar la gestión sostenible de las explotaciones y empresas agrarias y ganaderas y facilitar la innovación en los procesos producción. Para ello, se propone mejorar los canales de transferencia con la posibilidad de desarrollar proyectos piloto que muestren como conseguir ser más eficiente en el uso de los recursos y en la calidad de la producción, lo que implicaría una mayor sostenibilidad en el sistema de producción, y ser más competitivos en los mercados.
