La Política Agraria Común (PAC) es uno de los ejes de la actividad agraria y ganadera en Castilla-La Mancha, donde alrededor de unos 100.000 titulares de explotaciones agropecuarias reciben estas ayudas europeas para elevar o mantener su amenazada rentabilidad.
Los desarrollos de las últimas ediciones de la actual reforma (2023-2027) -entre burocracia y exigencias medioambientales- siguen lastrando la labor del sector primario, que sigue diezmado por los bajos precios en origen, las exigencias ‘verdes’ y el escaso relevo generacional.
Son cuestiones larvadas por distintos factores estructurales en negativo, que hace poco más de un año colmaron el vaso de la paciencia de los productores de toda España y parte de Europa para hacerse oír en las calles con sus tractores y reivindicaciones.
Pero la PAC de este año cuenta con novedades como la planificación de las siembras y cultivos, la simplificación y flexibilización de los ecorregímenes (prácticas para reducir el impacto negativo en el medio ambiente y el clima), y la adaptación de los instrumentos financieros.
Castilla-La Mancha ha sido una de las comunidades más proactivas en estas mejoras alcanzadas en los dos primeros años de la nueva política (2023-2025) dentro del plan estratégico nacional de la PAC, con el fin de garantizar la rentabilidad y estabilidad de las explotaciones.
El objetivo de las administraciones es conjugar sostenibilidad y rentabilidad para que las ayudas lleguen más ágiles a las cuentas de sus perceptores.
Precisamente, la figura del beneficiario como agricultor activo es uno de los principales ejes de la PAC, que el sector público preserva y las organizaciones agrarias (Opas) -principalmente Asaja, Upa y Coag- reclaman como objeto de las compensaciones.
Los agricultores, en este sentido, han apelado a consolidar los derechos de ayuda básica a la renta y han pedido más plazo para adaptarse al cuaderno digital.
De otro lado, han venido manifestando sus preocupaciones acerca de la competencia desleal que generan acuerdos comerciales como el de UE-Mercosur, por lo que piden reciprocidad en las normativas sobre las prácticas de producción, trazabilidad, bienestar animal, o legislación laboral.
La PAC también es solidaria, como demuestra la activación de 20 millones de euros, procedentes del fondo de reserva de crisis de la reforma, para hacer frente a las pérdidas causadas por la sequía y la Dana.
Plazos de tramitación
La actual campaña de la PAC en Castilla-La Mancha se abrió el pasado 1 de febrero, para la tramitación de la Solicitud Única relativa a ayudas y pagos de 2025, tal y como recogió una orden de enero de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Ahí se contemplan las vías para que los productores puedan optar a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la complementaria a la renta para jóvenes agricultores, los regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal, y los pagos directos asociados de agricultura y ganadería.
La convocatoria se cerrará el 30 de abril, y los interesados podrán optar, además, a ayudas y pagos correspondientes a las intervenciones sobre el desarrollo rural de carácter medioambiental, climáticos y de gestión, a zonas con limitaciones naturales, o a operaciones de tipo agroambiental.
Los trámites sólo pueden realizarse con la aplicación de Captura de la PAC (SGA), bien a través de las entidades colaboradoras reconocidas -entidades financieras, organizaciones profesionales, o agrupaciones de sanidad vegetal, entre otras- o bien por el solicitante con su certificado digital.
La PAC tiene un papel clave en el sector agrícola a la hora de garantizar la seguridad alimentaria, aunque siga teniendo retos, señala la propia presidencia europea, como el cambio climático, las tensiones geopolíticas, la rentabilidad y la carga administrativa.
