Desde la región, las diferentes entidades de productores ven luces y sombras en la reforma de los tres reglamentos autorizados (planes estratégicos nacionales, organización común de mercados y financiación de las ayudas).
Asaja: «Queda mucho por jugar en el partido»
Para Asaja se trata del principio de un partido “del que queda mucho por jugar”, y en cuyo transcurso han de concretarse las medidas destinadas a los agricultores y ganaderos de la comunidad.
“No nos terminan de convencer”, ha asegurado el secretario técnico de la organización, algunas de las propuestas como que se vaya a destinar el 20% de los pagos directos a los llamados ecoesquemas, es decir, los compromisos vinculados a mejorar la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, y el fomento del desarrollo y la energía sostenible.
Ven «luces y sombras” en la aplicación de estas prácticas medioambientales, pues “son obligatorias para los estados pero voluntarias para los agricultores”. “Si algo es voluntario, se pregunta, cómo se va saber qué titulares de explotaciones lo cobrarán”.
A juicio de Serrano, son medidas que “atentan contra la productividad” para respaldar posiciones críticas contra la actividad agroganadera, que se practica con total solvencia sostenible. “Está demostrado científicamente que somos consumidores netos de CO2”, ha remachado.
Por ello, a partir de ahora, “empieza el partido” en el que la administración central “tendrá que negociar la estrategia del país” y, posteriormente, el reparto de fondos.
Serrano ve con “preocupación e incertidumbre” puntos como la reducción de fondos” en un 10%, que supondrá que a España lleguen 47.000 millones, mientras que las exigencias a los productores “cada vez son mayores”.
De la misma manera, ha rechazado que las políticas sean dictadas en los despachos por burócratas, con intereses, según dice, muy alejados de las necesidades de agricultores y ganaderos. “Las prioridades de los urbanitas de Madrid tienen que ver más con Nueva York que con Villanueva de los Infantes”, donde el objetivo principale es “tener ingresos por su actividad”.
UPA: «Es positivo»
Más a favor del acuerdo se ha mostrado Julián Morcillo, secretario de Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla-La Mancha, quien ha destacado la importancia del medioambiente en la PAC a través de los ecoesquemas.
El dirigente ha valorado «la mayoría» alcanzada en la aprobación del acuerdo, que contempla un presupuesto ya conocido en julio y cifras “similares al anterior periodo 2014-2020”. También ha recordado que la negociación seguirá ahora sus procedimientos, este mismo viernes en el Parlamento Europeo, y después en los trílogos entre Parlamento, Comisión y Consejo.
Morcillo también ha calificado como elemento positivo la prórroga hasta 2040 del mecanismo de autorizaciones de plantaciones de viñedo, “un sector muy importante en la región”, diez años después del límite previsto hasta ahora (2030).
También ha opinado que “habrá margen de maniobr a la hora de elaborar “los planes estratégicos” nacionales, en los que han de tener prioridad “los agricultores profesionales”.
El acuerdo de este miércoles, ha indicado, contempla que el 60 % de los pagos directos se han de destinar a apoyar la renta de los agricultores y ganaderos, y un 20 % a los nuevos ecoesquemas.
También ha visto satisfactorias las medidas para jóvenes productores y para pequeños agricultores y ganaderos. «Los primeros podrán beneficiarse de una contribución de hasta 100.000 euros para iniciar su actividad, mientras que los segundos se beneficiarán de una mayor simplificación burocrática y de una exención de los recortes en los pagos directos para la reserva anticrisis».
Unión de Uniones: «Acuerdo decafeinado»
Andrés García, secretario general de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, ha respaldado que las negociaciones para la reforma de la PAC se encuentran en su tramo final, aunque “depende de cómo se apliquen y cómo se repartan los fondos”.
García ha defendido la opinión de la organización sobre que se haya otorgado “un amplio margen de discrecionalidad a los estados miembros, para conceder y distribuir las ayudas de la PAC”, elementos «muy importantes» que «se han descafeinado».
Ha insistido en la necesidad de que las ayudas “se tienen que enfocar hacia los agricultores y ganaderos profesionales”, y en que se fije una proporción significativa de vinculación de los ingresos a la agricultura de al menos el 25%, tal y como la organización seguirá defendiendo en el Plan Estratégico Español.
La entidad recuerda que este acuerdo no es definitivo y deberá ir a negociación con la posición del Parlamento y la Comisión, unos trámites donde los gobiernos nacionales “tendrán un amplio margen de maniobra para decidir sobre su PAC”.
