Los cazadores españoles exigen al Gobierno “rigor y datos acreditados” para elaborar la estadística sobre abandono de perros que planea la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En un comunicado, la Fundación Artemisan ha avisado de que el sector cinegético considera “inaceptable” la falta de rigor de la Dirección General de Derechos de los Animales, que “pretende elaborar una estadística oficial a través de un cuestionario publicado en Internet que solo podrá ser respondido por protectoras animalistas, a las que la propia Dirección General ha realizado un llamamiento público a través de redes sociales, o por ayuntamientos, a través de un trámite burocrático diferente y más complejo”.
“Como ejemplo de falta de garantías, en este cuestionario se pide a las protectoras que indiquen cuántos de los perros rescatados son ‘perros de caza o cruces de perros de caza’, basándose únicamente en su raza, sin necesidad de justificar si son propiedad de un cazador o si realmente han sido empleados para la actividad cinegética, lo que evidencia el sesgo de una estadística diseñada para criminalizar a los cazadores con las aportaciones de entidades que, en su mayoría, están integradas en plataformas anticaza”, critica la fundación.
En relación a este “sesgo”, los cazadores recuerdan que 2019 fue el último año en que el Ministerio del Interior publicó las estadísticas anuales sobre abandono de perros elaboradas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que justo ese año situaba en 163 los perros de caza abandonados; cifras que chocan frontalmente con los 50.000 perros de caza que, según los colectivos anticaza y animalistas, abandonarían los cazadores al final de cada temporada.
Ante la elaboración de una estadística que pretende ser de carácter oficial, Fundación Artemisan y numerosas entidades del mundo de la caza exigen a la Dirección General de Derechos de los Animales y al propio Gobierno Central “que tengan en cuenta datos oficiales, acreditados y contrastados, como los aportados por la Benemérita, estableciendo un sistema de control que permita verificar que los datos aportados por las protectoras animalistas son ciertos y rigurosos”.
Asimismo, exigen “transparencia y rigor” en la elaboración de una estadística que, “con total seguridad, pretende servir como argumento para la toma de decisiones que afectarán al sector cinegético, entre otros muchos, y que, de ninguna manera, puede estar basada en un proceso inseguro, opaco y carente de garantías, algo totalmente inaceptable viniendo de una administración pública”.
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