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Los productores valoran en positivo los nuevos avances en la Ley de la Cadena: es un paso hacia los precios justos

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Las modificaciones en la ley de la Cadena Agroalimentaria mejorará la compraventa de productos agrícolas y ganaderos / Clara Manzano
Julia Yébenes / CIUDAD REAL
El secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, ha celebrado que los avances en la normativa permitan proteger al eslabón más débil, como son los agricultores y ganaderos. “Cuanto más se cierren las puertas abiertas, será mucho más fácil que ganemos en rentabilidad y que el valor de los productos estén por encima de los costes de producción”.

Las entidades agrarias y de productores han valorado en positivo los nuevos avances en la Ley de la Cadena Alimentaria, que, entre otras incorporaciones, prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y generaliza los contratos por escrito en todas las operaciones.

Tras la aprobación de la modificación del proyecto de ley de la norma por el Gobierno este martes, portavoces provinciales y regionales del sector han coincidido en que la ley será el resorte para acabar con la crisis de precios entre agricultores y ganaderos.

La intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021.

Ley firme y sólida

El secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, ha celebrado que el valor de los alimentos en origen puedan formarse “de abajo a arriba” y “sean justos”.

A la espera de un análisis “más en profundidad” del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, Rodríguez ha visto “positivo” “cualquier avance que se haga para reforzar la ley”.

Se trata, a su juicio, de una “herramienta muy importante para ordenar el sector”, y también para “cambiar las reglas del juego” en el sentido de que los precios “no vayan de arriba a abajo, sino de abajo arriba”.

A este respecto, Rodríguez ha celebrado que los avances en la normativa permitan proteger al eslabón más débil, como son los agricultores y ganaderos. “Cuanto más se cierren las puertas abiertas, será mucho más fácil que ganemos en rentabilidad y que el valor de los productos estén por encima de los costes de producción”.

El portavoz ha incidido en la reivindicación de Asaja a la hora de pedir “una ley de la cadena alimentaria firme y sólida, que defienda los intereses de los productores y que mejore su capacidad de negociación.

Reivindicación histórica

En la misma línea, el secretario regional de COAG, Ángel Galve, ha aplaudido la modificación de la ley, pues permitirá obtener un reparto más equitativo del valor añadido entre los operadores de la cadena. “Es lo que llevamos defendiendo desde hace tiempo”.

Ha defendido el proyecto ‘De la huerta a la mesa’ “pero no desde 8.000 o 12.000 kilómetros”, que aumenta “la competencia desleal” en todo el ámbito productivo agrario por las distintas exigencias legislativas de cada territorio. “Si hablamos de carne, hay lugares donde utilizan anabolizantes, o en el caso de los cereales cultivan con transgénicos”.

Por ello, Galve ha alabado las nuevas incorporaciones a la ley en la segunda fase, como es la relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

“Me parece bien porque hay empresas que coaccionan a los productores para obligarles a vender por debajo de costes por necesidad que tienen de liquidez y porque son productos perecederos”.

De esta manera, se logrará dinamizar el mercado e impulsar el reparto equitativo del valor añadido.

Galve ha destacado la “profesionalidad” del sector agrícola y ganadero con una presencia creciente en el PIB: el 8% en Castilla-La Mancha.

Superar la crisis de rentabilidad

UPA también han visto positivos los avances, ya que la Ley de Cadena Agroalimentaria ha sido para la entidad uno de los caballos de batalla en su acción social.

El máximo representante de la organización a nivel nacional, Lorenzo Ramos, reunido este miércoles con el  presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes agrarios ha dicho que “la Ley de la cadena fue un hito en 2013, y ahora debemos dar un paso adelante para que sea una verdadera herramienta para que los productores percibamos precios justos y salgamos de la crisis de rentabilidad que nos está echando del campo”.

La organización ha visto satisfecha una de sus reivindicaciones como era el reforzamiento del régimen sancionador. A partir de ahora, se incorporarán nuevas infracciones o se recalificarán otras para asegurar la eficacia de la norma. Entre ellas, cabe señalar la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave). Exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado que pasa de leve a grave.

Otra de las peticiones de la organización agraria era que la ley contemplara que los contratos referenciaran los precios a determinados índices, entre ellos los costes de producción.  En la modificación de la ley de principios de año -el Real Decreto-Ley 5/2020- se instó a que los costos tenían que ser la base de la negociación de los contratos escritos y se obligaba a incluir la indicación de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.

Ahora, se amplían los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones.

Trabajo excelente en la pandemia

El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado en las últimas horas que el proyecto de ley es un paso adelante para el sector agroalimentario, “altamente competitivo, que ha hecho un trabajo excelente en los últimos siete meses para abastecer de alimentos a la población española y mantener el pulso exportador”.

Floja

Más crítica se ha expresado Unión de Uniones de Agricultores y ganaderos, entidad que ha lamentado que “se haya quedado floja sin haber incluido instrumentos importantes para reforzar la figura de los productores, como la definición de posición de dominio”.

Señalan en una nota que desde que entró en vigor la Ley en 2014, la diferencia entre el precio percibido por los productores y el pagado por los consumidores no ha dejado de crecer, incluso durante la pandemia.

Además, en la primer amodificación, que introducía la referencia del precio a los costes efectivos de producción, “no se está cumpliendo y son numerosas las denuncias públicas de imposición de contratos en fraude de ley que solo respetan formalmente los costes de producción, pero no en la realidad”.

 

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