La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, junto a miembros de otras plataformas como la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha, apicultores, la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (ADECCU) o la Plataforma de daños por entre otras se han concentrado ante las puertas del Palacio de Fuensalida (Toledo).
Según indica Unión de Uniones en nota de prensa, las personas concentradas «exigen que cese el desvío de dinero del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a la empresa privada Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), quien desarrolla el servicio de prevención y extinción de incendios».
A este respecto, el presidente de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero ha indicado que «venimos a reclamar a la Junta que deje de reclamar el dinero del PDR al GEACAM, hay falta de presupuesto y esto está provocando que muchísima gente no reciba la ayuda establecida de muchas líneas»
Añaden los convocantes que «la razón que alega el Gobierno de Page es que no hay dinero para todos, pero es totalmente falso. En el Programa de Desarrollo Rural del periodo 2014-2020 han sobrado 686 millones de euros y además para el nuevo periodo 2023-2027 hay 1.500 millones de euros disponibles».
Además, las asociaciones concentradas han vuelto a «denunciar la situación de los agricultores ecológicos a los que han expulsado de la actividad: más de 5.000 agricultores y 200.000 hectáreas sin ayudas a la agricultura ecológica, a cambio de tratamientos silvícolas en 11.000 has. con GEACAM (…). La Junta está desviando el dinero que tenía que venir a la agricultura y ganadería a una empresa donde colocan a políticos y no llega a los agricultores», ha señalado Anastasio Priego.
«Esta situación deja sin fondos líneas tan importantes como la incorporación de jóvenes, la Ayuda Focal, Planes de Mejoras, zonas desfavorecidas, la agricultura ecológica, plagas de fauna y conejos, apicultura… dejando miles de problemas que están dejando al campo de Castilla-La Mancha y que parece que el campo no va con ellos», han denunciado los agricultores convocantes.
Por su parte, César García de ADECCU ha mostrado su repulsa «a la Agenda 2030, al cuento verde… en definitiva la gran estafa verde, porque nos sentimos perseguidos ya no podemos más con la burocracia. Hemos llegado a una situación de colapso. Venimos por lo menos para que sepan que por lo menos no estamos de acuerdo».
Plan de Rescate para la ganadería extensiva
También piden «incentivar y dotar presupuestariamente la ganadería extensiva, el pastoreo, cultivos tradicionales, aromáticas y apicultura. Se requiere un plan de rescate para las ganaderías extensivas y mejorar las ayudas a plantas aromáticas, incluyendo el cultivo del azafrán. Además, se necesita un mecanismo ágil y bien dotado para catástrofes climáticas, financiado a partir de fondos del PDR».
Demonizar a las cosechadoras
También denuncian el «exceso de restricciones en el uso de cosechadoras, que las están demonizando y son las de menor índice de causa de incendios. Además están ejecutando multas, personándose la Junta como acusación particular, contra agricultores por este motivo».
Compensación por ZEPAS y Plagas de conejo y fauna
Por otro lado, estas organizaciones agrarias piden «compensación por daños de fauna silvestre y la declaración de plaga de conejos. También la paralización de zonas ZEPA, o en todo caso, que sean de carácter voluntario y siempre compensado económicamente por las consecuencias que conlleva para la economía agraria. Es injustificable que la Junta no haya aceptado ni una sola alegación a los proyectos ZEPA por parte de los agricultores».
Exigen además «eliminar el exceso de burocracia que sufre el sector, la realización de elecciones agrarias regionales para que los agricultores y ganaderos puedan elegir a sus verdaderos representantes y evitar que los actuales miembros del consejo agrario sean designados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha». Además, se reclaman «ayudas directas y reales por la sequía y DANAs similares a las otorgadas en otras comunidades autónomas, exigiendo su pago inmediato».
Exigen también «un calendario de pagos claro, sin paralización de expedientes y con el pago de intereses en caso de atraso injustificado, y por todo ello, elecciones al campo para que alguien de una vez dé la cara por los verdaderos problemas de los agricultores y agricultoras».
