El responsable del sector de Menores en CCOO Enseñanza de Castilla-La Mancha, Antonio Romero, ha lamentado que el Gobierno regional vaya a recurrir la anulación por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del concierto social de Menores vigente en la Comunidad Autónoma.
Un movimiento que, tal y como ha señalado, ha sido defendido en una reunión mantenida este mismo miércoles entre representantes de la Consejería de Bienestar Social con la representación sindical, extremo que ha sido confirmado por el departamento que dirige Bárbara García Torijano a Europa Press.
En rueda de prensa, Romero ha lamentado tras esta reunión que un concierto ha de ser por norma general «transparente» toda vez que afecta a la prestación de «un servicio público que pagan los castellanomanchegos», al tiempo que ha recordado que desde el ámbito sindical «ya se dijo» que las instrucciones en Castilla-La Mancha «no tenían una ratio adecuada de personal para la atención de dos menores», ya que no se garantizaba en ningún caso la presencia de dos educadores para cada uno de los usuarios.
Ahora, anulado el Concierto Social, queda patente que «no cumplía con las normas legales del país», ni siquiera las directrices europeas del sector, «que marcan que este servicio público no puede ir a la baja».
Esta resolución «establece que no se cumple la regla de concurrencia en competencia pública» por un cálculo de precio por plaza que «no está basado en la aplicación de convenios colectivos»; además de que la norma no contempla «la obligación de aplicar los convenios colectivos del sector como norma laboral básica».
Este mismo miércoles, ha señalado, se ha mantenido una reunión en la Consejería de Bienestar Social en la que, según su versión, desde la administración se le ha confirmado que «van a recurrir» la anulación, además de que «pedirán como cautelar la no aplicación» de la resolución adoptada por el tribunal.
NUEVA LICITACIÓN
Ante este extremo, según se apunta vía Real Decreto, «se establece que se debe convocar una nueva licitación». «La administración dice que va al contencioso y esto conlleva el mantenimiento de unas ratios que no garantizan dos educadores por menor precarizando la situación de estos trabajadores».
Con este contexto, ha avanzado que el sindicato recurrirá «en el ámbito legal» esta situación y convocará «las acciones oportunas con profesionales del sector» para reclamar que esta anulación es una «oportunidad» para volver a redactarla «con unas normas claras» que vengan a dotar presupuestariamente de forma suficiente la atención de los menores.
En el mes de julio, ha recordado, ya hubo una reunión en la que la administración garantizaba una revisión del precio por plaza para poder acometer subidas salariales de trabajadores y así cumplir con un convenio colectivo donde hay «discriminación», y es que ese precio por plaza en servicios de protección de menores en comparación con los centros de reforma «es casi 100 veces inferior», lo que provoca que las condiciones laborales de los trabajadores de una y otra estancia no sean las mismas.
Ante este escenario, el convenio colectivo publicado en diciembre venía a «igualar y equiparar los salarios de los profesionales de ambos sectores», algo que ahora no recoge el Concierto Social anulado, lo que hacía vaticinar la «congelación de sueldos».
MÁS MOVILIZACIONES EN ABRIL
Además, Romero, que es también el responsable nacional de Comisiones Obreras en este ámbito, ha recordado que se mantienen las movilizaciones previstas el próximo 2 de abril a nivel estatal ante todas las consejerías con competencias en Bienestar Social de todas las comunidades autónomas para reclamar «más seguridad» en los puestos de trabajo tras el caso ocurrido con la trabajadora de Badajoz asesinada a manos de sus tutelados.
