El Gobierno de Rajoy ya ha reiterado en numerosas ocasiones que su política en estos años será «austera», pero desde el pasado viernes, además de los «recortes», se habla también de la necesidad de obtener ingresos. A la eminente subida del IRPF y el IBI, el Ejecutivo añadió este jueves medidas contra el fraude fiscal como la limitación del pago en efectivo, con las que espera recaudar más de 8.000 millones de euros. La otra novedad de este tercer Consejo de Ministros fue el control de los sueldos en los bancos que hayan sido rescatados, para ver si están «justificados» en el momento actual.
El fraude fiscal será combatido mediante un ambicioso plan centrado, sobre todo, en la lucha contra la economía sumergida y los paraísos fiscales. Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz, Soraya Saénz de Santamaría, explicó que, una vez aprobado, se aplicará la limitación del uso del pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para aflorar parte de la economía sumergida de estas operaciones.
El Ejecutivo pondrá en marcha, por tanto, esta medida que ya se aplica en algunos países como Francia e Italia. Para la portavoz, es una manera «muy clarificadora» de detectar dónde se están produciendo las grandes bolsas de fraude.
No será la única. El plan de prevención del fraude fiscal incluirá una larga lista de iniciativas para evitar los incumplimientos tributarios, hacer más eficaz la recaudación y mejorar la colaboración entre las distintas administraciones implicadas en esta labor.
La portavoz dio esas líneas generales y, posteriormente, concretó algunas de las medidas, como el control sobre ciertos sectores ligados a la economía sumergida o la colaboración entre las administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas. En la fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelaras desde el inicio del procedimiento.
Además, el Gobierno pondrá algunas facilidades a los contribuyentes, como la ampliación del plazo para enviar los borradores del IRPF y la posibilidad de subsanar voluntariamente los errores que se hayan cometido en las declaraciones antes de que se abra un procedimiento. «Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude», indicó la portavoz.
Con todas estas medidas, el Gobierno pretende recaudar 8.171 millones de euros en el 2012, una cantidad que Saénz de Santamaría consideró «muy importante» en estos momentos de crisis. «Lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde», apuntó.
LA POLÉMICA DE LOS SUELDOS EXCESIVOS
Tras explicar el plan contra el fraude fiscal, Soraya Saénz de Santamaría anunció algo muy esperado por varios sectores de la ciudadanía, especialmente después de que estallaran algunos escándalos públicos, como el del sueldo de los directivos de la CAM.
De esta manera, la portavoz informó de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, solicitará a través de una misiva al gobernador del Banco de España un informe sobre los salarios de la cúpula de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas.
«Un elemento importante en la reestructuración financiera es la necesidad de conocer si las retribuciones fijas y variables son adecuadas y si se justifican en estos momentos», explicó la DBC##1número 2DBC##1 de Rajoy. «El Ejecutivo quiere conocer cuál es la posición del Banco de España en este aspecto y que medidas plantearía».
Saénz de Santamaría confirmó, además, que el Gobierno exigirá a las entidades financieras realizar provisiones por unos 50.000 millones de euros para ajustar el valor de sus carteras inmobiliarias. En este sentido, avanzó que el titular de Economía detallará las cantidades para cada banco en los próximos consejos de ministros, con el objetivo «clave» de que la reordenación bancaria se materialice en los seis primeros meses del año.
Preguntada por la posibilidad de que se cree un DBC##1banco maloDBC##1 que aglutine los activos tóxicos del sistema financiero, la portavoz aseguró que esta opción «no estaba ni está» sobre la mesa del Gobierno.
OTRAS MEDIDAS
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya anunció esta semana que del Consejo de Ministros saldrían nuevas medidas, aunque matizó que no serían de recorte. Así ha sido, y ni siquiera ha habido ajustes en las empresas públicas, un tema sobre el que se había especulado en los últimos días.
El asunto se abordará, sin embargo, dentro de poco, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este mes. Allí, el Gobierno tratará con las comunidades y las corporaciones locales «el redimensionamiento del sector público» y contemplará la posibilidad de fusionar, traspasar o enajenar algunas empresas.
Según los datos que maneja el Gobierno, actualmente hay más de 4.000 entidades que dependen de las administraciones públicas, lo que obliga a llevar a cabo una acción «compartida».
Montoro será el encargado de convocar el Consejo y lo primero que hará será analizar el cumplimiento del objetivo que se había fijado el año pasado, que consistía en reducir 515 los organismos públicos. «No se ha cumplido más de un 13%, unas 70 entidades de este tipo», ha dicho la portavoz, quien ha afirmado que la reunión también servirá para actualizar esos objetivos en función del déficit, lo que deja la puerta abierta para un recorte mayor.
Todas las medidas tomadas durante estos días serán explicadas por Rajoy, aunque para eso habrá que esperar hasta el próximo 30 de enero. «Como las medidas se vienen adoptando desde el primer Consejo de Ministros, parece oportuno que se produzca una comparecencia después de esa fecha», indicaba la portavoz. A su juicio, no se trata de una comparecencia «demorada en el tiempo».
A la pregunta de si el presidente del Gobierno no cree conveniente explicar las medidas después de haber dicho en su discurso que no subiría los impuestos, Santamaría ha recalcado que el programa electoral del PP se elaboró con una previsión de cifras diferente a la que se ha encontrado el Ejecutivo. «Hay otra realidad y las medidas también son otras. La realidad es más difícil y por eso las medidas son también difíciles», ha añadido.
Dentro de esa realidad está el estado de la Seguridad Social, que según se adelantó durante esta semana, cerrará el 2011 en números rojos. La portavoz confirmó este dato y lo concretó aún más: se trata de un déficit de 668 millones de euros equivalente al 0,06% del PIB. No obstante, la portavoz lanzó un mensaje de tranquilidad a los pensionistas. «Pueden estar tranquilos», dijo, pues recibirán sus pensiones puntualmente.
