El Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones ha advertido de que las perspectivas del gasto en pensiones han empeorado con la pandemia, especialmente si se tienen en cuenta los efectos de ésta en la economía española.
En un artículo, el Foro recuerda que en sus últimas previsiones de 2020 la AIReF aumentó sus estimaciones de gasto en pensiones en un punto del PIB para 2050, del 13,2 al 14,2 por ciento, respecto al ejercicio 2019. “Lejos de mejorar, parecen haber empeorado”, incide.
Asimismo, los expertos de este Instituto también recuerdan que el déficit de la Seguridad Social en 2020, con gastos propios e impropios, superó los 35.000 millones de euros y las previsiones indican que el empleo y la afiliación no se recuperarán de la crisis del Covid al menos hasta 2023, y ello confiando en el paquete de ayudas de la Unión Europea.
Mientras, el número de pensiones seguirá creciendo, así como también el valor de la pensión media de entrada. Así, los expertos de este Instituto avisan de que para cuando surtan efecto las nuevas penalizaciones anunciadas por el Gobierno para las jubilaciones anticipadas y los incentivos a su demora, “los baby-boomers ya estarán entrando al sistema de jubilación masivamente y neutralizando estos efectos”.
“A lo peor tenemos que gastar más de lo que ahorramos para lograr convencer a un número suficiente de trabajadores mayores de que no hagan lo que más desean, que es jubilarse cuanto antes”, subraya el Foro.
En su opinión, la propuesta de Escrivá de premiar el retraso de la jubilación con un cheque de hasta 12.000 euros anuales permite visualizar a los trabajadores de forma más fácil los beneficios a largo plazo de demorar su jubilación, pero su diseño está “muy desequilibrado”.
En este sentido, el Foro argumenta que el valor de ese incentivo para los trabajadores sería muy inferior (esos 12.000 euros del cheque o unos 33.000 si se aplica el incentivo del 4% en la pensión en el conjunto de la vida restante), mientras que el ahorro por la pensión del año que no se jubila es de casi 38.000 euros. “A todas luces, el nuevo incentivo resulta muy desequilibrado para los trabajadores que decidieran beneficiarse de él y sólo conseguirá que demoren su jubilación si el velo monetario les anula el discernimiento”, sostiene.
Así las cosas, el Foro de Expertos ha cuestionado la reforma de pensiones planteada por el ministro del ramo, José Luis Escrivá, por “dejar de lado” la opinión de los expertos, máxime si se tiene en cuenta al “amplio consenso” que éstos han ido construyendo en los últimos años acerca de la situación del sistema y sus perspectivas.
De hecho, aseguran que hay pocas situaciones en España en las que el consenso de los investigadores sobre la forma de actuar ante una materia haya estado tan alineado como en el caso de las pensiones.
Dicho consenso entre los expertos, apunta, coincide básicamente con los supuestos sobre los que las autoridades europeas han basado su preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español.
El Pacto de Toledo “soslaya” la presión demográfica
Al Foro también le suscita dudas el impacto sobre la sostenibilidad del sistema que tiene actualizar las pensiones con el IPC. La nómina anual del pago de pensiones ronda los 150.000 millones de euros al año, por lo que actualizarlas en sólo un punto implicaría un coste de 1.500 millones de euros al año que luego habría que consolidar anualmente en cada cohorte de pensionistas hasta que causaran baja en el sistema, lo que representaría un gasto de 15.000 millones de euros cada año.
“La adopción de un mecanismo de compensación de las actualizaciones (realizadas ex ante) en años de inflación negativa contra la actualización de los años inflacionarios posteriores representaba una propuesta de automatismo simétrico muy razonable a la que, no obstante, el ministro ha tenido que renunciar ante el rechazo de los agentes sociales”, opina el Foro.
En el plano de los consensos y las resistencias internas a la reforma de pensiones, los expertos de este Instituto ven la situación poco alentadora. A su juicio, el Pacto de Toledo se asienta sobre unas recomendaciones que “soslayan” cuestiones fundamentales, como la presión demográfica que ejercerán los ‘baby boomers’ sobre el sistema entre 2025 y 2050, y el aumento de su esperanza de vida.
Además, cuestionan la “ambigua” redacción de las recomendaciones que se aprobaron el pasado mes de noviembre, lo que podría dar lugar a “conflictos políticos” cuando el Gobierno las plasme en propuestas concretas.
Según denuncia este Foro, mientras las formaciones políticas, a través del Pacto de Toledo, “acotan restrictivamente” el espacio de la reforma de pensiones, el diálogo social “parece avanzar sólo a duras penas”.
