MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS)
Cuatro comunidades autónomas han aplicado cambios con el comienzo de año en el impuesto autonómico sobre los carburantes, y las medidas van desde la eliminación del gravamen en Castilla y León hasta su implantación en Aragón, pasando por la reimplantación en Navarra y su devolución a los transportistas en Andalucía.
En Castilla y León, el impuesto sobre carburantes estuvo vigente hasta 2014 en su tramo máximo, situado en 4,8 céntimos por litro, y se redujo en 2015 a 1,6 céntimos. A partir de 2016, queda suprimido este tramo autonómico.
En el caso de Aragón, se había convertido en una de las pocas comunidades autónomas que desde la creación de estos impuestos en 2002 había optado por no aplicar el impuesto sobre carburantes.
Sin embargo, en 2016 lo aplica por primera vez, por un importe de 2,4 céntimos por litro, que podrá ser devuelto a los transportistas y taxistas mediante el mecanismo del gasóleo profesional.
En Navarra, el impuesto estuvo en vigor en 2012 y 2013, y se derogó a partir de esa fecha al considerarse que había provocado una «disminución significativa en el consumo de los productos afectados».
En todo caso, a partir de 2016 vuelve a aplicarse el gravamen con un importe de 2,4 céntimos por litro que, como ocurre en el caso de Aragón, podrá ser devuelto a los transportistas y taxistas.
En cuanto a Andalucía, era la comunidad autónoma que, hasta la fecha, no había establecido el mecanismo de devolución a transportistas y taxistas, a pesar de que el impuesto se encuentra allí situado en su nivel máximo de 4,8 céntimos por litro. Estos colectivos obtienen la devolución desde enero.
En la actualidad y tras estos cambios, las únicas comunidades autónomas que no aplican el impuesto autonómico sobre carburantes serán Castilla y León, País Vasco, Cantabria, La Rioja y Canarias.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que recoge estos cambios en una nota, lamenta que las comunidades autónomas sigan actuando de forma «absolutamente unilateral y descoordinada» en la aplicación de estos gravámenes, que no hacen sino provocar efectos «frontera» en las zonas limítrofes entre distintos territorios.
