La nueva Política Agraria Común (PAC), en vigor desde el pasado 1 de enero, será un punto de inflexión entre los productores españoles. Sobre todo en territorios tan agrarios como Castilla-La Mancha y, por ende, en provincias como Ciudad Real, con una potente industria agroalimentaria.
Las ambiciosas exigencias medioambientales y el novedoso concepto de redistribución, que favorecerá a las explotaciones más pequeñas, coparán el 87% de las ayudas, y marcarán un antes y un después en su reparto, canalizadas en la región con 600 millones de euros en pagos directos y unos 110.000 agricultores y ganadores beneficiarios (unos 30.000 de Ciudad Real). El otro 23% estará vinculado a los llamados ecorregímenes, cuya aplicación persigue lograr un papel más preponderante de los aspectos medioambientales.
De los boletines oficiales a la práctica, técnicas ‘verdes’ como las cubiertas vegetales están creando “incertidumbre” entre los productores ciudarrealeños, señala Castor Sánchez, técnico de la Agrupación de Sanidad Vegetal (ASV) Campo de Montiel zona II. Poco conocidas en la provincia, su no aplicación en el primer año de la nueva PAC, por el estrecho margen desde la publicación de la reforma, podría aminorar la cuantía de las ayudas en hasta un 23%, advierte el también asesor de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.
En positivo, el ingeniero agrícola destaca la reducción de comarcas productivas en España que contempla la reforma, que permitirán converger las ayudas que perciben los agricultores de una misma zona. En Ciudad Real se quedarán en seis, entre las de tierras arables, cultivos permanentes y pastos, en secano o regadío.
La actividad como asesor, desde este 1 de marzo, cuando se ha abierto el plazo de tramitación, “es imparable” con los productores y se está centrando en explicar las mejores opciones para “no perder rentabilidad”.
PREGUNTA.- ¿Cuáles son las novedades de la nueva PAC 2023-2027?
RESPUESTA.- La principal novedad es que el pago básico y el pago verde desaparecen y se convierten en ayuda básica a la renta sostenible. Esta cantidad se complementa con el pago redistributivo. La primera está calculada en base a los derechos históricos reconocidos, mientras que el segundo beneficiará a las explotaciones más pequeñas. Ambos cubren el 87% de las ayudas, mientras que el otro 23% está vinculado a las medidas medioambientales, a través de los denominados ecorregímenes, que son prácticas voluntarias para conseguir una agricultura más sostenible. Es un modelo distinto al laboreo tradicional que los productores tendrán que realizar para cobrar lo mismo.
P.- ¿Y cómo influirá entre los agricultores y ganaderos de la provincia y la región?
R.- Hemos empezado a hacer las consultas provisionales de las asignaciones (coincidiendo con la apertura del plazo para su tramitación, este 1 de marzo), y en algunos casos la cuantía es más alta y en otros es más baja. Influye el tipo de actividad desde 2015. Quienes desde ese año han plantado leñosos en parcelas de cereales, cobrarán más, incluso sin hacer ecorregímenes, mientras quienes siguen manteniendo sus explotaciones sin modificaciones podrían perder en torno al 23%, salvo que aplique las medidas verdes. Estamos haciendo cálculos personalizados de manera realista dado que hay incertidumbre porque nadie quiere dejar de cobrar dinero. Habrá quienes ingresen hasta 500 o 600 euros más, pero por su esfuerzo de transformar sus derechos a leñosos. Otros perderán un 20% por tener, por ejemplo, explotaciones de olivar sin apenas variación. Hay que tener en cuenta el escenario que el sector está viviendo, con una gran subida de costes de producción por la guerra en Ucrania y el contexto de inflación. El gasóil, con alzas de más del 50%, y el precio de los fertilizantes que se duplicó, aunque ahora está bajando pero no a la velocidad a la que se incrementó.
P.- ¿Y cómo afectará el concepto de convergencia en las ayudas?
R.- Va a favorecer a Castilla-La Mancha y cada año se notará más conforme nos vayamos acercando a la convergencia plena en 2029. Se trata de que los derechos de pago de cada agricultor activo se van a vincular al cultivo que se trate en cada una de las regiones en las que se divide el territorio (en España hay 50), cuyo número se ha reducido y seguirá a la baja hasta dentro de seis años. Quiere decir que, por ejemplo, el olivar de Castilla-La Mancha se va a igualar al de Andalucía, y que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región recibirán la misma cuantía por hectárea.
P.- El número de regiones se ha reducido de 50 a 20 a nivel nacional, ¿y en Ciudad Real?
R.- De ocho pasaremos a seis regiones: una de tierra arable de secano, dos de tierra arable de regadío, una de cultivos permanentes leñosos y dos regiones de pastos, una de la Comarca Pastos y otra del resto de la provincia. Es un sistema que permitirá asignar los pagos por producción en un mismo ámbito agrario.
P.- ¿Cómo afectará el pago redistributivo?
R.- Es un pago que fomentará las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones. Son pagos que tienen dos umbrales, es decir, uno por el que cobrarán un 20% del valor medio del derecho y un segundo del 40%, dependiendo de si es leñoso o herbáceo. Hasta la hectárea 1,67 se cobrarán 28,5 euros por hectárea, de la 1,68 a 14,53 se pagará a 57 euros, y a partir de ahí, no se cobrará nada.
P.- También se fomenta el apoyo a mujeres y jóvenes
R.- Sí, son pagos que van aparte, y se contemplan ayudas para fomentar el relevo generacional y pueden solicitarla los jóvenes de hasta 40 años, con un plazo hasta el 30 de mayo. Suponen pagos del 100% del valor de los derechos en el caso de los varones y del 115% si se trata de mujeres. Representa un 2% del presupuesto y refleja un gran apoyo de los gobiernos a los jóvenes que se incorporan al campo.
P.- Desde Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha pedían medidas para mejorar la renta de los productores y garantizar el suministro de alimentos seguros a los ciudadanos, ¿por qué?
R.- Pedíamos una PAC que, lógicamente, indujera a los agricultores a producir y no a dejar de cosechar. Para Cooperativas es contradictorio, como también para los propios agriocultores, que, en base a la condicionalidad por la guerra de Ucrania, la administración pidiera sembrar todos los barbechos para que hubiera más cereal, pero al aplicar los ecorregímenes es obligatorio dejar un 7% de la superficie sembrada sin recoger. En el caso de los cereales ha sido más difícil para los agricultores porque tuvieron que tomar decisiones sobre lo que en teoría iba a recoger la nueva PAC a la hora de sembrar, en otoño, porque la normativa se publicó después, el 31 de diciembre. Para no perder rentabilidad, los asesores recomendamos la rotación con especies mejorantes, una salida también dificultosa por la escasez de semillas certificadas.
P.- ¿Y cómo afrontan los agricultores la posibilidad de realizar cubiertas vegetales?
R.- Hay viticultores reacios a aplicar cubiertas vegetales (capas de plantas que crecen de manera espontánea -flora autóctona- o con siembra) por la posible competencia, sobre todo en el secano, entre estas hierbas y el cultivo. La realidad es que en los primeros años suponen una merma de cosecha, y su manejo es más difícil a quienes están acostumbrados al laboreo tradicional, a la vez que van aparejadas a más inversión para la compra de maquinaria. La realidad es que no se pueden hacer de un día a otro y, por ello, la mayoría de agricultores se han acogido a las medidas de biodiversidad, que consiste en sembrar una mezcla de dos especias en las calles de los cultivos leñosos (viña u olivar). De cara a los futuros años, nuestra idea es ir introduciendo poco a poco las cubiertas vegetales, aconsejando a los productores sobre sus ventajas como es el enriquecimiento del suelo. Nosotros estamos colaborando con un proyecto de investigación de la Consejería de Agricultura con la Universidad de Países Bajos para la aplicación de estas herramientas y estamos haciendo estudios y análisis de suelo en el Campo de Montiel. También hemos estado dando charlas desde septiembre sobre la nueva PAC, aunque no hemos conocido los cambios hasta ahora.
P.- Y cómo ha quedado la petición de Cooperativas sobre priorizar ayudas a las propias organizaciones de productores y cooperativas que apuesten por la integración comercial?
R.- No se ha contemplado. La propuesta estaba basada en que tener en cuenta a las agrupaciones de productores y el esfuerzo que han venido haciendo estos años para la comercialización de sus productos ecológicos. No se han tenido en cuenta los criterios de priorización y la labor de las ASV en la gestión integral, para la reducción al máximo del uso de fitosanitarios, o el control de fertilizantes
