Postales del universo - Ramon Sobrino y Juan A. González
El Consejo adoptó así el objetivo que ya acordó con los negociadores del Parlamento Europeo en marzo y que el pleno de la Eurocámara ya confirmó el pasado 12 de septiembre. Ahora que la directiva ha sido adoptada formalmente se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor veinte días después, mientras que los Estados miembro dispondrán de dieciocho meses para incorporarla a su legislación nacional.
“Es un paso adelante que contribuirá a alcanzar los objetivos climáticos de la UE de manera justa, rentable y competitiva”, apuntó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que preside el Consejo de Energía en el marco del semestre español.
El objetivo común de esta nueva directiva, al que deberá contribuir cada Estado miembro, es acelerar la integración de las renovables en sectores donde la incorporación ha sido más lenta, tales como el transporte, la industria, los edificios y la calefacción y refrigeración urbanas.
El texto presenta la posibilidad a los Estados miembro de elegir entre una reducción del 14,5 por ciento de los gases de efecto invernadero en el transporte a partir del uso de energías renovables en 2030 o al menos un 29 por ciento de participación de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte en 2030.
Además, se establece un subobjetivo combinado vinculante del 5,5 por ciento para biocombustibles avanzados y combustibles como hidrógeno renovable o sintéticos en la cuota de energías renovables del sector del transporte.
La directiva establece también un objetivo indicativo de al menos un 49 por ciento de cuota de energías renovables en los edificios en 2030, y prevé un aumento gradual de los objetivos renovables para calefacción y refrigeración, con un incremento vinculante del 0,8 por ciento anual a nivel nacional hasta 2026 y del 1,1 por ciento de 2026 a 2030.
Por último, el texto refuerza los criterios de sostenibilidad para el uso de biomasa para energía, con el fin de reducir el riesgo de producción de bioenergía no sostenible e incluye procedimientos de autorización acelerados para proyectos de energía renovable.
