Se trata de la octava prórroga presupuestaria de la democracia, ya que sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y en dos ocasiones los de 2018, algo que no había sucedido anteriormente. Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez el Estado se ve de nuevo obligado a prorrogar los Presupuestos de 2018 (elaborados por el PP), ante la falta de apoyos para aprobar el proyecto de ley de las cuentas públicas de 2019.
De esta forma, el Consejo de Ministros adoptó el viernes un acuerdo con los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos vigentes en el año 2019 (las cuentas públicas de 2018 elaboradas por Cristóbal Montoro), que ascienden a 277.933 millones de euros.
La medida cumple con el artículo 134 de la Constitución Española, en el que se recoge que, si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogadas las cuentas públicas del ejercicio anterior.
El presupuesto del Estado que se prorroga para 2020 asciende a 277.933 millones de euros, que es el resultado de prorrogar el presupuesto inicial del Estado vigente en 2019. Los presupuestos de los organismos autónomos que se prorrogan para 2020 ascienden en conjunto a 38.949 millones de euros.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez estuvo varios meses negociando con las distintas formaciones para intentar recabar los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos de 2019, acordados con Unidos Podemos, si bien fueron rechazados en febrero, lo que provocó las elecciones generales de abril. La falta de apoyos para ser investido presidente tras estos comicios propició una nueva cita electoral en noviembre.
De cara a 2020, la intención del Gobierno es poder aprobar el límite de gasto no financiero (techo de gasto) y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del nuevo ejercicio “lo antes posible”, según han indicado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo. Para ello, Pedro Sánchez deberá lograr los apoyos necesarios para ser investido presidente y posteriormente tendrá que recabar los apoyos suficientes para que el proyecto de ley de Presupuestos salga adelante en el Parlamento.
En todo caso, hasta que no se produzca el debate de investidura este mes de enero y se constituya un Gobierno con plenas funciones, el Ejecutivo no revalorizará las pensiones el 0,9% previsto para este ejercicio ni aprobará la subida del 2,3% del salario de los funcionarios. Tampoco verá la luz el alza del Salario Mínimo (SMI), pendiente de lo que se acuerde en el diálogo social.
AJUSTE DE MÁS DE 6.000 MILLONES Y MEDIDAS
Para el nuevo ejercicio el Ejecutivo prevé un alza del 1,8%, dos décimas menos que 2019, mientras que estima un déficit del 1,1%, a políticas constantes, o del 1,7% con medidas, frente al 2% que calcula que cerrará en el ejercicio 2019, con lo que deberá acometer un ajuste de entre tres y nueve décimas.
Bruselas ya advirtió de que el proyecto presupuestario del Gobierno para 2020 conducía a una mejora del déficit estructural -sin tener en cuenta el ciclo económico- equivalente al 0,1% del PIB, alejado del esfuerzo estructural recomendado del 0,65%, al tiempo que avisaba de que el proyecto recogía un crecimiento nominal del gasto público primario del 3,8%, frente al 0,9% máximo recomendado por la UE.
A la espera de que se configure y vea la luz el proyecto de ley de Presupuestos de 2020, es previsible que en las futuras cuentas públicas se recuperen algunas medidas del fallido proyecto de 2019, como la limitación en las exenciones y el tipo mínimo del 15% de la base imponible en el Impuesto de Sociedades o las nuevas figuras impositivas para gravar determinados servicios digitales (‘Tasa Google’) y a las transacciones financieras (‘Tasa Tobin’), junto al aumento de la tributación del diésel para equipararlo a la gasolina.
Otras de las posibles medidas son el aumento del IRPF a las rentas altas, el alza del 1% al Impuesto de Patrimonio, la limitación de los pagos en efectivo, o varias rebajas, como la del 25% al 23% del tipo en Sociedades para pymes que facturen menos de un millón de euros, del 21% al 10% en el IVA de los servicios veterinarios o del 10% al 4% en el IVA de los productos de higiene femenina.
