El Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo públicos este miércoles los contratos tipos de uva y vino para las próximas tres campañas (2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024), que suponen una protección legal para los viticultores ante cualquier posible incumplimiento.
Las organizaciones profesionales de productores (OPAs) valoran estos acuerdos para que todos los operadores de la Ley de la Cadena conozcan las cotizaciones de la uva y para que no se cometan infracciones, tal y como detectaron la pasada vendimia en las operaciones de importantes grupos vinícolas.
Agustín Miranda, gerente de Asaja Ciudad Real, ha recordado que los contratos han sido homologados por el Ministerio de Agricultura a propuesta de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), y su contenido se ajusta a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de este comercio.
“Es una forma, opina, de defensa hacia el agricultor” ante cualquier tipo de incumplimiento por parte de los grupos industriales, que han de atenerse obligatoriamente a dar cob ertura de todas las cláusulas que se contemplan como el precio, la forma y condiciones de pago y entrega, calidad, trazabilidad, duración y prórroga, además de la resolución de disparidades.
A pesar de la buena noticia, Miranda llama la atención sobre el retraso en la publicación de estos contratos tipo, dado que los productores han de tener margen suficiente tanto para realizar los registros de los acuerdos laborales como para estimar la necesidad de personal en función del desarrollo de sus cultivos. A su juicio, debían haberse conocido en “marzo o abril”, y no apenas un mes antes del inicio de la campaña.
Con todo, el directivo de Asaja Ciudad Real ve favorable el marco para realizar las operaciones de venta de uva para transformación en vino, en el que todas las partes han de seguir los principios marcados, o de lo contrario se enfrentan a infracciones.
Positivo
El secretario en Castilla-La Mancha de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Ángel Galve, también ve positiva la implementación de estos contratos en un sector tan estratégico para la comunidad y, por ende, para la provincia de Ciudad Real.
A su juicio, es imprescindible su aplicación para cumplir con lo establecido en la Ley de Cadena Alimentaria, como es la obligación de negociar precios que deben cubrir los costes de producción y el trabajo de elaboración del proceso de cuidado, recogida y transporte hasa los centros vinícolas.
De lo contrario, la organización denunciará, recuerda, como ya hizo en 2020 junto a otras OPAs, presiones a los viticultores para que firmaran acuerdos con valores por debajo del coste real de los inputs que asumen los productores.
Según el mismo poratvoz también consolidan la puesta en marcha de la cultura acuerdos laborales en el sector vinícola, que se convierten en la mejor fórmula para «que haya más transparencia entre todos los operadores».
En la misma línea, desde UPA Castilla-La Mancha siempre han defendido el cumplimiento de las condiciones de dichos acuerdos, y que el precio aplicable en este tipo de contratos “cumpla las especificaciones señaladas”.
