La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 25 de enero, a C.A.P. y a G.N.P., acusados de cometer seis delitos de trata de personas contra trabajadores rumanos a los que engañaron para que vinieran a España, ofreciéndoles unas condiciones de alojamiento y trabajo que no se cumplieron.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos sucedieron durante el primer semestre del 2014, cuando los acusados, C.A.P. y G.N.P, hermanos de nacionalidad rumana, montaron una red para contactar con trabajadores de Rumanía y ofrecerles trabajo y alojamiento en Albacete.
Les prometieron que se alojarían en una casa en la que convivirían catorce personas y que trabajarían en la campaña del ajo y la cebolla, con un horario de 6 a 17 horas, y que cobrarían a veces por caja recolectada y otras por hora.
Muchos aceptaron lo que parecía ser una oportunidad de trabajo y vinieron en autobús desde Rumanía hasta Valencia, donde fueron trasladados hasta Balazote.
En Balazote, los alojaron en una nave, sin aislamiento, con dos cuartos de baño, sin agua caliente y con camas construidas con cajas de madera sobre las que apoyaban los colchones, alojamiento por el que además tendrían que pagar 80 euros mensuales, más cuatro euros por las bombonas de butano, un alquiler del que no se les había informado.
Los emigrantes, al ver las condiciones, comenzaron a protestar, momento en el que uno de los acusados, C.A.P., les advirtió de que el que se fuera tendría que abonar el dinero del viaje, dinero que no tenían.
Una de las víctimas, L.L., asegura que se alojaron bajo amenazas de muerte y que la zona estaba constantemente vigilada por vehículos, de hecho, tres emigrantes intentaron escapar y fueron atrapados y devueltos bajo amenazas. Las jornadas laborales se prolongaban hasta doce horas diarias.
Los propietarios del ajar y el cebollar pagaban los jornales a los acusados y estos los repartían entre los trabajadores como veían conveniente, dándoles 40 céntimos menos de lo que les correspondía por caja y apuntándoles menos cajas de las que recolectaban.
Así, a algunos de los trabajadores, como L.L. al que le correspondían 2.100 euros al mes, o V.C. que tendría que haber recibido 936 euros, no cobraron nada, otros como M.A.M tan sólo recibieron 28 euros o 38 euros en el caso de I.A.M.
Deuda constante
De esta forma, como los acusados nunca pagaban a los emigrantes, a los que continuamente les reclamaban el alquiler del alojamiento, el billete del viaje o los cinco euros diarios por el traslado de la nave al lugar de trabajo, las víctimas tenían una deuda constante que no podían pagar.
Además, los acusados les confiscaron la documentación a todos los trabajadores y les dijeron que no se la darían hasta que no pagaran todas las deudas.
Los emigrantes permanecieron en estas condiciones un total de 70 días, desde el 19 de mayo hasta el 22 de julio.
La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de seis delitos de trata de personas, uno por cada una de las personas denunciantes, por el que les piden nueve años de prisión por delito, una pena que asciende hasta los 54 años de cárcel para cada uno de los acusados, de los que sólo cumplirán 20 años.
Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con el transporte, hospedaje, agricultura o contratación de personas durante nueve años.
