Belén Rodríguez / Lanza
En este convulso 2011 que dejamos atrás, el año de más turbulencias políticas y financieras en Castilla-La Mancha, pocos han reparado en la trascendencia de una noticia en principio anodina: los juzgados de Ciudad Real han entrado en un proceso de final y resultado incierto, que afecta a los cimientos de su organización. Sí, estoy hablando de la Oficina Judicial, “eso” contra lo que funcionarios de justicia y otros operadores jurídicos han protestado y de lo que determinados medios de comunicación (quedamos algunos) hemos informado religiosa y hasta cansinamente, no precisamente para bien.
“Desastre”, “caos”, “colapso” . Son sólo unos pocos ‘piropos’ al proyecto más trascendente por el que ha pasado la administración de Justicia en su historia, una administración condenada a actuar con una lentitud por la que pierde la esencia de su ser.
La reforma, que impulsó el primer ministro de Justicia del Gobierno Zapatero, Juan Fernando López Aguilar con la idea de “modernizar”, “agilizar” e introducir la informática en una administración en la que prevalecen métodos ¡del siglo XIX!, no está dando los resultados esperados, como temían agoreramente los funcionarios que secundaron una gran huelga que puso en primer plano por unos meses el debate de la Justicia.
En 2011, la Oficina Judicial, el remedio a una falta de agilidad, alarmante cuando se trata de delitos financieros y de corrupción, avanza a trancas y barrancas en Ciudad Real y otras ciudades piloto sin que a las autoridades que gestionan y se presentan a gestionar lo público se les mueva un sólo músculo. Como si la crisis, el paro, la educación y la sanidad no tuvieran que ver con la Justicia. Tiro de diccionario -de la RAE- para traer aquí la definición del término que más me gusta, “Justicia: una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”. Bellas palabras, bello concepto, para definir el pilar del estado “de derecho”, en el que la ley prevalece por encima de todo lo demás.
¿Cómo se va a dar a cada uno lo suyo si hay pleitos que duran más de diez años? Y cito sólo unos ejemplos cercanos: quiebra de la cooperativa Tierra de Caballeros, aeropuerto Central Ciudad Real, Virtus, y así decenas de procedimientos concursales estancados en unos juzgados incapaces de resolver en unos plazos razonables asuntos para los que se necesitaría casi un juez y unos cuantos tramitadores encima de ellos en exclusiva.
En la jurisdicción penal, esa por la que hubo el rasgamiento de vestiduras general cuando una funcionaria, oh, no supo que un pederasta condenado por abusar hasta de su hija estaba tranquilamente en libertad (era imposible que lo supiera porque los juzgados no están interconectados) y terminó asesinando a una niña (caso Mariluz), la cosa parece que funciona mejor, pero la realidad es que esta administración necesita un buen repaso y, por su puesto: dinero, dinero para pagar a más plantilla, a más y mejores medios, además de una apuesta firme y decidida de los responsables políticos porque de verdad la Justicia a pie de ciudadano (el Consejo General del Poder Judicial y la designación de miembros del Supremo y el Constitucional son otro cantar)
En un año con dos procesos electorales en siete meses es difícil haber escuchado alguna palabra que no sea ETA, Amaiur o Ley de Partidos, en los programas electorales referida a mejorar el sistema judicial.
No es de recibo que se tarde una década o más en enjuiciar una estafa -pasa- o que haya procedimientos judiciales que se lleven por delante honor y reputaciones sin que se resuelvan con la oportuna sentencia. O al contrario, denunciados por corrupción en cargos públicos o responsabilidades de alto nivel.
En cuestiones sociales la crisis ha enfangado el buen ritmo de la jurisdicción sociolaboral. Los despedidos necesitan respuestas para cobrar su paro o su indemnización, si tienen derecho…No, la Oficina Judicial, reformar la administración de Justicia no es una noticia baladí. Con la que está cayendo y lo queda por venir se necesita más que nunca: Justicia.
