MADRID, 7 Oct. (OTR/PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a una pena de 17 años y medio de inhabilitación al juez Elpidio José Silva por un delito de prevaricación continuada cometido durante su investigación sobre el ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones as prisión.
La sentencia, que cuenta con el voto discrepante del presidente del tribunal Arturo Beltrán, le atribuye un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales y conlleva su expulsión de la Carrera Judicial.
La defensa de Silva, ejercida por el abogado Gonzalo Boyé, ha anunciado en declaraciones a Europa Press que recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución, que le impone el pago de una multa de 6.310 euros y le condena a pagar 10.000 euros a Díaz Ferrán por daños morales. Blesa se reservó el derecho a pedir responsabilidad civil.
El tribunal le acusa de adentrarse en una «inquisición general» contra Blesa, extralimitándose en sus funciones, sin motivar sus resoluciones y actuando con una «execrable» parcialidad a favor de la acusación ejercida por Manos Limpias. «Le importaba poco la ley», dice.
«Desplegó una voluntad decidida a investigar de modo integral toda la supuesta mala gestión de Blesa al frente de la caja, adentrándose en una inquisición general para descubrir cualquier delito conectado a los hechos denunciados a costa de irle restando garantías», determina el tribunal.
FORMÓ UN «TÁNDEM» CON LA ACUSACIÓN
La sentencia recoge que Silva incumplió «clamorosamente» la ley y encuadró su proceder en un «plan preconcebido» o aprovechándose de las circunstancias con el fin de favorecer a Manos Limpias, con cuyo abogado «formó un tándem» y mantuvo reuniones sin el resto de partes.
Tilda de «disparate jurídico» que Silva apreciara una conexidad entre su investigación sobre el préstamo de 26 millones de euros concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán con la compra del City National Bank de Florida con el fin de apropiarse de ambas causas y convertir el proceso en un «instrumento DBC##1ad hominemDBC##1 de búsqueda de responsabilidades».
«El juez obraba con la conciencia de estar dictando resoluciones con total apartamiento del principio de legalidad», recoge la resolución, que censura su «voluntad persecutoria» contra Blesa, a quien limitaba sus posibilidades de defensa. «Produjo una auténtica quiebra técnica de la imparcialidad y la esencia de todo proeso como es la dualidad de las partes», añade.
INCUMPLIMIENTO «CLAMOROSO» DE LA LEY
Resume así que el ánimo con el que actuaba Silva se materializa en la «gravedad» de sus resoluciones, entre las que ordenó dos veces el ingreso en prisión de Blesa, mientras daba un «tratamiento preferencial» a Manos Limpias e incumplía el ordenamiento jurídico de modo «clamoroso».
De este modo, reprueba cómo el acusado «instrumentalizó» el proceso para actuar contra Blesa, menoscabando su derecho de defensa y produciéndole indefensión. «No es que haya habido decisiones discutibles o meros errores, es que se ha dirigido toda una operación judicial de corte inquisitorial a fin de descubrirse cualquier cosa que pudiera imputarse a Blesa y Díaz Ferrán o sus parientes», agrega.
Critica que tardaba meses en resolver los recursos, mientras que ordenó el ingreso en prisión de Blesa consciente de que derivaba de un «actuar patentemente ilícito» y de que Manos Limpias carecía de legitimación en la causa. Según dice, se acogió a «motivaciones insólitas por su grado de especulación y a un pretendido fundamento científico» para acordarlo.
El Tribunal Superior de Justicia ha considerado probado que Silva ordenó en noviembre de 2012 reabrir las actuaciones que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán, que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia.
El 5 de diciembre de aquel año tomó declaración a Blesa en calidad de imputado por irregulariddades en la adquisición del banco estadounidense y dos días después ordenó una «extensísima» batería de medidas a través de una providencia redactada en términos «muy enérgicos», en la que pedía investigar hasta el patrimonio de los familiares de Díaz Ferrán y Blesa o los correos electrónicos corporativos de este último.
El juez envió finalmente a Blesa a prisión el 16 de mayo de 2013. Tras haber pagado la fianza de 2,5 millones, el magistrado ordenó de nuevo y en menos de un mes su vuelta a la cárcel madrileña de Soto del Real. Blesa permaneció quince días y dijo al salir: «Quiero un juez imparcial».
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid se enfrentaba a una petición fiscal de 30 años de inhabilitación; mientras que el banquero solicitaba que fuera condenado a una pena de 40 años y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, requería que no pudiera trabajar en la Administración de Justicia durante 24 años.
Finalmente, la Sala no ha apreciado lesión alguna en el derecho de defensa de Silva al no incorporar a la causa todos los e-mails de Blesa ya que no afectan a que «haya podido explicar el porqué de sus resoluciones» ni aparecen en ellas detallados.
El tribunal ha tenido en cuenta la prueba documental que suponen las resoluciones, así como el testimonio de los funcionarios de su juzgado o de los guardias civiles y peritos de la auditora KPMG que actuaron en la investigación.
