La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado este martes una denuncia ante la Comisión Europea contra el Tribunal Constitucional (TC) y tres de sus magistrados al entender que debían haberse abstenido en la deliberación que arranca en el Plenario hoy mismo relativa al recurso que presentaron diputados del PP en 2010 contra la ley del aborto aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
“Creemos que hay una vulneración flagrante del articulo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea” –que hace referencia a la tutela judicial efectiva–, ha señalado a las puertas de la sede de la Comisión Europea en Madrid el abogado de la fundación José María Fernández, quien ha detallado que tanto el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, como los magistrados Inmaculada Montalbán y Juan Carlos Campo debieron apartarse del asunto.
En declaraciones a los medios, ha subrayado que al menos cuatro de los magistrados –incluye a Concepción Espejel que ya anunció su abstención– “participaron en la elaboración en diferentes formas, emitiendo informes, (…) de la ley que se pretende ahora enjuiciar”. Así, entienden que han prejuzgado dicha ley y por tanto “no son los más indicados”.
“Varios de ellos han participado en informes que revalidaban esta ley en el Consejo General del Poder Judicial, Montalbán y Espejel; Conde-Pumpido era fiscal general del Estado durante la tramitación de la ley y emitió informe favorable a la misma; y Campo era secretario de Estado de Justicia, y no es que emitiera informe, es que participó en la elaboración del proyecto”, ha apuntado.
Asimismo, Fernández ha explicado que de lo que ha trascendido del borrador “filtrado por los medios”, éste incluye “cambios significativos”, y ha puesto el foco en que con anterioridad, si bien el derecho a la vida no amparaba al ‘nasciturus’, “se entendía que era un bien jurídicamente protegido”. “Ahora hay una desprotección total en las primeras 14 semanas, es un cambio trascendental, un cambio de paradigma en el derecho español”, ha apuntado.
En este sentido, han presentado un informe jurídico sobre ese borrador de sentencia en el que apuntan que, de seguir adelante con él, se produciría un cambio “irreversible” y confirmaría que en los 13 años que lleva el recurso de los diputados del PP sin ser estudiado por el TC “las mujeres no han recibido información veraz y suficiente sobre el aborto, tal y como ya aseguró el Supremo”.
Por eso, dada la trascendencia de la decisión, desde Abogados Cristianos consideran que los magistrados que debieron abstenerse “pueden prejuzgar” y por tanto su participación “no se aviene a derecho”.
LA VÍA EUROPEA
Con todo, sobre el contenido de la sentencia, ha apuntado que de lo que les llega hay “partes salvables como la ampliación de la objeción de conciencia y la mayor protección del derecho de las mujeres a la información”. Pero, ha añadido, lo demás es revalidar el texto existente.
Al hilo, consideran que de salir adelante el borrador, se confirmaría que cientos de trabajadores han visto vulnerado su derecho a la objeción de conciencia. Lamentan además que no se entre a valorar asuntos importantes como el aborto por discapacidad o el consentimiento en el caso de menores de edad.
En cuanto a la vía elegida para presentar la denuncia, la Comisión Europea, desde Abogados Cristianos señalan que se ha elegido porque el TC no tiene superior jerárquico y porque al no ser parte en el recurso están limitados por el margen que les da el derecho español. Buscan así una sanción internacional al TC, y esperan que tras la apertura de un expediente sancionador se eleve el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Por otro lado, y tras ser preguntado sobre la polémica suscitada en Castilla y León por la propuesta de Vox de que las mujeres antes de abortar escuchen el latido del corazón del feto, ha indicado “que todo lo que ayude a que la mujer pueda tener más información (…) es buena”. “Al final la decisión es importante y tiene que tener toda la información posible”, ha añadido.
