El 15 de agosto de 2021, Afganistán retrasó sus relojes 20 años. Dos décadas después de su derrocamiento a manos de las tropas extranjeras encabezadas por Estados Unidos, los talibán recuperaron el poder sin apenas oposición e iniciaron un retroceso político y social que la comunidad internacional no ha logrado frenar ya desde la distancia.
Estados Unidos y los talibán firmaron en febrero de 2020 en Doha (Qatar) el acuerdo que estaba llamado a poner fin a la presencia militar extranjera en Afganistán, en virtud de un plan de repliegue progresivo que terminó por quedar en papel mojado ante unas instituciones políticas frágiles y una insurgencia cada vez más crecida.
Así, los talibán emprendieron una reconquista que, provincia tras provincia, culminó a mediados de agosto de 2021 con la toma formal de Kabul y la huída del entonces presidente, Ashraf Ghani, dando pie a su vez a una apresurada evacuación que dejó escenas de pánico y caos en el aeropuerto internacional de la capital.
Doce meses después, ningún país ha reconocido formalmente a los talibán como los gobernantes legítimos de Afganistán –en la primera etapa sólo lo habían hecho Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán–, pero la necesidad de llegar a otros acuerdos, por ejemplo para el envío de ayuda, ha abocado a la comunidad internacional a mantener contactos.
En el aeropuerto, ya bajo la bandera del Emirato Islámico talibán, hay vuelos regulares hacia Dubái e Islamabad, mientras que la visita en enero de este año de una delegación del nuevo régimen a Oslo, para mantener conversaciones con otras partes –incluidos representantes de Estados Unidos– puso de manifiesto hasta qué punto había cambiado el escenario.
Todo ello pese a que los talibán apenas han dado muestras de adaptación política y siguen gobernando con los mismos perfiles y doctrinas que 20 años atrás. El régimen, teóricamente provisional, excluye a mujeres y miembros de minorías al tiempo que reserva una nutrida presencia a dirigentes perseguidos por terroristas y miembros de la poderosa red Haqqani.
Persiste el temor colectivo a que Afganistán se convierta de nuevo en un bastión para organizaciones terroristas ya que, pese a la confesa animadversión de los talibán con grupos como Estado Islámico –que opera bajo la filial de Provincia de Jorasán–, sí parecen persistir los lazos que en su día tejió con Al Qaeda el fallecido líder Mahmud Mansur.
No en vano, Ayman al Zawahiri, sucesor de Usama bin Laden al frente de Al Qaeda y en paradero desconocido durante años, murió este mismo mes por un ataque estadounidense en un edificio del centro de Kabul, donde los analistas coinciden en que no podría estar en ningún caso sin la connivencia o al menos el conocimiento de la actual cúpula afgana.
SIN DERECHOS Y CON NECESIDADES
Un informe publicado en julio por la misión de la ONU en Afganistán puso también en evidencia el patrón de violaciones de los Derechos Humanos y que incluye todo tipo de abusos, desde torturas a detenciones arbitrarias, pasando por ejecuciones extrajudiciales. Entre los principales objetivos de la represión figuran personas vinculadas a la administración depuesta y a sus fuerzas de seguridad, con al menos 160 asesinatos confirmados.
Amnistía Internacional coincide en esta lectura y lamenta en su último informe que “toda esperanza de cambio se haya desvanecido mientras los talibán tratan de gobernar mediante la represión y con total impunidad”. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) pidió en septiembre de 2021 retomar sus pesquisas sobre Afganistán.
A nivel social, las promesas de los talibán durante sus primeros días han caído en saco roto y no han dudado en lanzar mensajes contra cualquier conducta que contravenga su visión de la ‘sharia’ o ley islámica, lo que afecta a cuestiones como el ocio, la vestimenta o la educación, especialmente en el caso de las mujeres.
La segregación por sexos se ha convertido en la norma en un país donde ahora las niñas tienen vetada de nuevo la educación secundaria. Además, la recomendación general pasa por que las mujeres no salgan de casa si no es necesario y, de hacerlo, que sea en compañía de un varón y con prácticamente todo su cuerpo cubierto.
Mariya, de 16 años, reivindica en declaraciones al Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) su “derecho” a volver a clase y acabar los tres años que le quedan en secundaria. “Algunas de mis amigas y compañeras de clase sufren depresión”, cuenta esta joven, que reconoce que con los talibán la diferencia entre géneros ha aumentado.
La situación humanitaria tampoco ha ido a mejor, hasta el punto de que se considera a la de Afganistán una de las mayores crisis en todo el mundo. La irrupción de los talibán ha supuesto que la cifra de personas con carencias humanitarias aumente en seis millones y represente ya a casi el 60 por ciento de la población.
La ONU calcula que 24,4 millones de personas necesitan ayuda, 12,9 millones de ellos niños. La familia de Arezzo, de siete meses y con desnutrición aguda grave, reconoce a UNICEF que han estado a punto de darla en adopción en varias ocasiones ante la imposibilidad de alimentarla.
Desde una clínica, una de las madres explica que cuando acudió a este centro por primera vez su hija estaba “muy mal”. “Tenía los ojos cerrados y no paraba de vomitar. Después de unos días de tratamiento, ha abierto los ojos”, explica.
El 97 por ciento de los afganos viven en la pobreza y, para el común de las familias, el 90 por ciento de los ingresos va destinado a alimentación –según datos de Naciones Unidas–, sin margen por tanto para imprevistos ni excesos en un contexto marcado también por los problemas en el suministro y el aumento de los productos básicos.
Siete de cada diez niños y más de la mitad de las niñas ya han cambiado la escuela por el trabajo, según una encuesta de World Vision en varias regiones. UNICEF cifra en el 13 por ciento la proporción de hogares que tienen al menos a uno de sus hijos trabajando, mientras que el matrimonio infantil afecta al 28 por ciento de las niñas y adolescentes.
Todas las organizaciones coinciden en que son necesarios más fondos para aliviar la emergencia. De los 4.400 millones de dólares requeridos por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas, en su plan de ayuda humanitaria, sólo se han recaudado 1.800 millones, el 41 por ciento del total.
