MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS)
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha reclamado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) intervengan para que la familia de una víctima del franquismo, Teófilo Alcorisa, consiga recuperar sus restos mortales.
En un escrito dirigido este viernes a la Comisión Permanente del CGPJ, Garzón ha pedido que el órgano de gobierno de los jueces emita un acuerdo para exhortar a los juzgados a que en el ámbito de su jurisdicción, y especialmente en la penal, atiendan las solicitudes de exhumación y levantamiento de cadáver con el fin de justificar la causa de la muerte e identificar a las víctimas, en cuyo nombre se demande con el fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Garzón, que fue juzgado y absuelto por investigar los crímenes del franquismo, insta al Consejo del Poder Judicial a constituir un grupo de trabajo para coordinar las actividades «en los aspectos no jurisdiccionales», impulsando las actuaciones judiciales procedentes con el fin de amparar a las víctimas y «hacer efectivos» sus derechos.
El despacho de abogados que dirige Garzón, ISOLAD S.L., presentó también el pasado 11 de noviembre una demanda de amparo ante el TC en representación de la familia de Alcorisa basada en su derecho a obtener una tutela judicial efectiva y no sufrir «indefensión», un caso que ha correspondido a la Sala Primera del Alto Tribunal.
ESCRITO AL CGPJ
En su escrito, Garzón alerta de que la «inhibición por parte de los Jueces de Instrucción y Audiencias en el cumplimiento de esta obligación constitucional como garantes de los derechos humanos de los ciudadanos está generando la indefensión absoluta».
En concreto, relata el caso de la familia de Teófilo Alcorisa, víctima de desaparición forzada el 16 de abril de 1947. Sus hijos, en las investigaciones llevadas a cabo desde 2005 hasta 2010, consiguieron situar la localización de sus restos y, a partir de ese momento, emprendieron acciones judiciales sin conseguir que la exhumación fuera autorizada.
Teófilo Román Alcorisa Monleón, jornalero-labrador de 51 años en el momento de su muerte, «se encontraba el 16 de abril de 1947 trabajando en una viña en la aldea de Higueruelas de Santa Cruz de Moya (Cuenca), cuando fue detenido por la Guardia Civil en el desarrollo de una gran operación contra la guerrilla «AGLA» (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón),concretamente cuando se buscaba a su hijo D. Pedro Alcorisa Peinado»
La última noticia que tuvo su familia de él fue que había sido visto días después en el centro de detención de Arrancapins (Valencia). Casi 60 años más tarde, en 2005, los hijos accedieron al libro de registro del cementerio general de Valencia y localizaron su inscripción en lo que fue el antiguo cementerio civil de la ciudad, donde habría sido inhumado el 24 de abril de 1947.
Detectaron la existencia de una fosa común en el cementerio civil de Valencia, donde creen que pueden descansar los restos de Teófilo Román. Tras ello, acudieron al Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia y a la Audiencia Provincial de Valencia, que archivaron las actuaciones por prescripción de los hechos.
Para Garzón, el desamparo de las víctimas es «clamoroso» y la no adopción de decisiones vulnera los principios constitucionales y derechos fundamentales sobre los que se asienta todo Estado Social y Democrático de Derecho. «Ni se ha buscado, ni se ha hallado el cuerpo de la víctima y en todo caso, está pendiente la exhumación y recuperación de los restos de la misma que lo fue por la acción violenta de fuerzas del Estado», argumenta.
«Con independencia de la valoración que el órgano judicial haga respecto de la prescripción o amnistía, el juez está obligado a dar protección a la víctima y después tomar las decisiones procesales o materiales que correspondan», concluye.
