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Belarra anuncia un permiso de cuidado remunerado de 7 días al año para atender a hijos, padres y convivientes

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Un niño observa una valla adornada en Madrid /Lanza
Lanza / MADRID
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha constatado que existe una "crisis enorme de los cuidados" y ha enfatizado que no hay que "darle la espalda". Por ello, ha dicho que es "urgente" que los Estados se "corresponsabilicen" de forma que "garanticen el derecho al cuidado"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha propuesto incluir en la Ley de Familias un permiso de cuidado de al menos 7 días al año cien por cien remunerado, tanto para atender a los hijos como a los padres u otros convivientes.

Así lo ha avanzado este jueves durante la jornada ‘Una ley para proteger a todas las familias’, en Caixa Fórum, donde se ha presentado un Libro Blanco para un nuevo marco nacional sobre apoyo y protección familiar.

«La COVID nos ha enseñado lo importante que es cuidarnos y tener tiempo para cuidar a los demás, y son lecciones que han venido para quedarse. Por eso, pensamos que España tiene que empezar a homologarse con otros países de la Unión Europea y establecer un permiso de cuidado, de al menos 7 días al año por persona, que esté 100% remunerado», ha indicado la ministra.

En concreto, Belarra quiere que este permiso permita «quedarse en casa cuidando a los hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o con fiebre», poder «pedir el día para llevar al médico a tus padres o que puedas estar con tu pareja si está enferma». «En definitiva, un permiso que dé tranquilidad a las familias cuando necesiten estar cerca de los suyos», ha indicado.

Por ello, Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero, proponen incluir en la Ley de Familias un permiso por cuidado retribuido de al menos 7 días y hasta 9 días al año para atender a un familiar o conviviente.

La Ley de Familias, en la propuesta inicial del Ministerio de Derechos Sociales y el de Igualdad, incluiría un permiso por cuidado retribuido de hasta 9 días (en el caso de que suponga un desplazamiento a otra comunidad autónoma) y de 7 (si es en la de residencia). En estos momentos, la legislación española contempla dos jornadas, lejos de lo planteado desde la Unión Europea, que recomienda un permiso de este tipo de 5 días al año en la Directiva 2019/1158.

Además, la propuesta elimina la exigencia actual de que se trate de una enfermedad grave para poder hacer uso de este permiso retribuido, de tal forma que podría aplicarse en los casos de COVID.

La otra medida que incluyen Derechos Sociales e Igualdad es la extensión de este permiso para cuidar a cualquier conviviente, que se sumaría al reconocido actualmente para personas en segundo grado de consanguinidad.

Sensación de ahogo en las familias

Belarra ha advertido de que los padres y madres en España sienten «agotamiento», «ahogo» y «falta de apoyos». «Muchos padres y madres sienten que se matan a trabajar para cubrir las necesidades de los suyos y no pueden darles su tiempo, su compañía», ha lamentado Belarra.

Ante esta situación, la ministra ha destacado que el Libro Blanco que presentan este jueves marca el «camino» para acabar con el «déficit de apoyo a las familias» que, según ha dicho, ha habido en España.

En este sentido, ha indicado que con la Ley de Familias que quieren llevar próximamente al Consejo de Ministros, quieren «devolver a las familias tiempo» porque «nadie debería tener que conformarse con ver a sus hijos solo a la hora de la cena». Conciliar, según ha añadido, «no puede ser un conjunto de parches» para que las familias sobrevivan «ahogadas».

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha constatado que existe una «crisis enorme de los cuidados» y ha enfatizado que no hay que «darle la espalda». Por ello, ha dicho que es «urgente» que los Estados se «corresponsabilicen» de forma que «garanticen el derecho al cuidado».

Según ha indicado, las mujeres son las que llevan una mayor «sobrecarga» de los cuidados. «Hacer la compra, pagar las facturas, ocuparse de que la casa esté limpia, son tareas que realizan mayoritariamente las mujeres, de forma invisible», ha precisado.

Por ello, ha asegurado que van a trabajar «muy duro» para ser «vanguardia» en la construcción de un sistema de cuidados, porque, según ha precisado, sin esas tareas de cuidados que realizan las mujeres el sistema económico duraría «poco más de un día».

En el acto también ha intervenido la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, quien ha indicado que, desde la Comisión Europea esperan que la ley española de familias «llegue a buen puerto» con el «apoyo de todos» y dotada de los medios adecuados, para «dar respuesta a las necesidades de las familias en España en toda su diversidad».

Para lograrlo, ha indicado que, una vez que la ley empiece su trayectoria parlamentaria, «el consenso y dialogo serán claves», un punto en el que ha coincidido la directora de Apoyo a las Reformas de los Estados Miembros, Nathalie Berger.

Berger ha apuntado que España invierte en torno al «1,2% del PIB» en prestaciones directas de apoyo a las familias, «por debajo del 2,3% de media de la UE».

Invierno demográfico

Además, ha advertido de que España presenta una situación demográfica «preocupante» y, por ello, ha subrayado la necesidad de aprobar «un marco legislativo coherente y consensuado capaz de atender las necesidades de las familias y paliar el invierno demográfico».

En este sentido, Berger ha puesto en valor el «hito» que supone el Libro Blanco, que incluye más de 40 recomendaciones en torno a cuatro cuestiones: la diversidad creciente de los modelos familiares en España; que cada núcleo familiar tenga acceso a prestaciones y servicios en función de sus necesidades; mejorar la conciliación, y promover la cultura de la evaluación.

Por su parte, el director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, ha indicado que «las familias se han vuelto menos tradicionales» y las políticas han de tener en cuenta los «nuevos modelos de familias». Asimismo, ha invitado a afrontar retos como la baja tasa de fecundidad en España –«una de las más bajas de la OCDE»– o el riesgo de pobreza de los niños cuyos padres tienen bajos ingresos.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha dado las gracias a la Comisión Europea y a la OCDE por el apoyo que les están brindando en el trabajo técnico, así como al ministerio de Igualdad –sin cuyo impulso el proyecto estaría «cojo»–, para sacar adelante la Ley de familias, una norma que ve necesaria ante la «enorme diversidad de modelos familiares que no siempre se ven recogidos en la normativa».

«La familia es una institución que articula nuestro carácter, nuestros valores, determina las oportunidades, además es una institución que no es estática, que muta, y hoy tenemos una enorme diversidad de modelos familiares», ha detallado.

Por ello, ha precisado que «no tiene sentido» que existan diferencias en derechos entre los niños cuyos padres están casados y niños que nacen fuera de las uniones matrimoniales, que cada vez son más, según ha dicho. «Debe prevalecer el derecho superior del menor nazcan en la familia que nazcan», ha zanjado.

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