La Comisión Europea ha pedido este miércoles cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años, pero también ha recomendado al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en 2020.
Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, España pone fin a una década bajo el brazo ‘corrector’ del Ejecutivo comunitario, que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez.
Bruselas abrió este expediente a España el 18 de febrero de 2009 –tras haber registrado un desfase presupuestario el año anterior del 4,4%– y propone ahora cerrarlo tras haber concedido a España cuatro prórrogas.
El primer plazo exigía a España reducir su déficit público por debajo del 3% como muy tarde en 2012, pero el Gobierno de Zapatero solicitó un año más de prórroga pocos meses después de la apertura del procedimiento. Ya con Rajoy en la Moncloa, la UE concedió otra prórroga hasta 2014, después una nueva de dos años, hasta 2016, y finalmente una última hasta 2018.
Tanto el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, han felicitado a España por salir del procedimiento, pero ambos han recordado la necesidad de que el país siga persiguiendo unas finanzas públicas “sólidas” en los próximos años.
“La lógica del Pacto es que España y otros países deben seguir políticas presupuestarias sólidas, precisamente para evitar problemas en el futuro”, ha destacado el letón. “Marca el fin de un camino largo y difícil no solamente para España, sino para toda la UE y la eurozona”, ha expresado Moscovici, quien ha recordado que con el cierre del expediente a España ya no habrá ningún país con un procedimiento abierto por déficit excesivo.
AJUSTES ESTRUCTURALES
Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo ‘preventivo’, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
En este contexto, el informe de recomendaciones advierte al Gobierno español de que “existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020” si no se producen “cambios en las políticas fiscales”. Por ello, reclama a las autoridades españolas 7.800 millones en ajustes, bien mediante recortes del gasto o bien aumentando los ingresos.
“Un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9 %, parece adecuado”, destaca el texto. El Ejecutivo comunitario también pedía el mismo esfuerzo estructural para este año.
Bruselas remarca además que España incumplirá los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de deuda tanto este año como en 2020, por lo que insta a adoptar “las medidas necesarias”. “La utilización de los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas sería importante”, subraya el informe.
Dentro del mismo punto, las autoridades comunitarias piden a España medidas para “fortalecer los marcos presupuestarios y de contratación pública”, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y destinar ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la deuda pública.
MÁS CONTRATOS INDEFINIDOS
En materia laboral, Bruselas pide al Gobierno que favorezca una transición hacia contratos indefinidos y, en particular, a través de una simplificación de los incentivos a la contratación. Además, aboga por garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar una apoyo “efectivo”.
En la misma línea, el informe de recomendaciones para España recomienda mejorar el apoyo a las familias y resolver las “deficiencias” en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima.
También pide medidas para atajar el abandono escolar prematuro y para mejorar los resultados educativos. En este ámbito, Bruselas añade que es necesario incrementar la cooperación entre el sector educativo y el empresarial para “mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral”, con atención especial en el ámbito de las TIC.
Además, la Comisión Europea afirma que España debe centrar su política de inversiones en el fomento de la innovación, la eficiencia energética, la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto del bloque comunitario. En general, el informe insta a mejorar la eficacia de las políticas de apoyo la investigación y la innovación.
Por último, el Ejecutivo comunitario pide avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de unidad de mercado, una petición de las autoridades comunitarias que se repite desde 2015.
