La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.
En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley de la Junta de Andalucía para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».
Este aviso llega ocho meses después de que Bruselas iniciara el procedimiento de infracción tras constatar que no se está poniendo remedio para proteger el humedal de Doñana, según lo dictado por el TJUE en primer fallo, y advierte del «riesgo» que implica la nueva proposición de ley que se presentó ante el Parlamento de Andalucía el pasado 3 de marzo para poder cumplir la sentencia.
La carta recuerda que «el Tribunal declaró que, tal como acreditan todos los datos científicos disponibles, la sobre explotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso dramático de su nivel piezométrico, lo que constituye a su vez la causa de la alteración constante que sufren las zonas protegidas del espacio natural de Doñana».
Un año después de la sentencia, la Comisión inició un expediente de infracción contra España por persistir en el incumplimiento de la misma, que obliga a la UE a tomar medidas para proteger el humedal de Doñana, razón por la que ya reclamó una multa que aún está pendiente de resolución.
«La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana», dice la Comisión en su misiva, en la que también advierte de que «la sobre explotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío».
Los servicios comunitarios precisan que están examinando la respuesta de España al primer aviso enviado cuando se abrió el expediente sancionador pero advierten de que si sale adelante la ley promovida por la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos se produciría una «flagrante violación» de la primera sentencia condenatoria.
Entre las medidas para paliar la situación, Bruselas ha destacado que revisten «particular importancia» las encaminadas a acelerar las acciones de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno de Doñana, para lo que apunta que es posible financiar proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua a través del fondo europeo Recuperación y Resiliencia.
