La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que considera insuficientes los avances del Gobierno de Viktor Orban en el paquete de reformas que se le exigen para luchar contra la corrupción y reforzar la independencia judicial en Hungría, por lo que recomienda mantener congelados 7.500 millones de euros en fondos regionales y también bloquear el desembolso de los 5.800 millones del fondo anticrisis húngaro mientras no cumpla los objetivos fijados en las reformas.
De este modo, Bruselas vincula dos expedientes paralelos que tensan las relaciones con Budapest desde hace dos años cuando se creó el fondo de recuperación de la UE y se estableció un mecanismo de condicionalidad vinculado al presupuesto comunitario para frenar los pagos que estén bajo el riesgo de fraude en un Estado miembro.
“La Comisión considera que, aún con los pasos dados, sigue habiendo un riesgo continuado para el presupuesto europeo porque las medidas correctivas necesarias son de naturaleza estructural u horizontal”, indica la evaluación de Bruselas necesaria para que los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) tomen una decisión definitiva sobre la congelación de los 7.500 millones de euros del pilar de Cohesión.
Además, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Economía, Valdis Dombrovskis, ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas que el Colegio de Comisarios ha adoptado un dictamen favorable sobre el plan de recuperación de Hungría y recomendado su aprobación por los Veintisiete.
Este visto bueno llega dos años después de que se abriera el plazo para que los Estados miembro presentaran sus planes de reformas nacionales y que, en el caso de Hungría, quedó en punto muerto por las dudas sobre el respeto del Estado de derecho en el país.
Ahora, Bruselas recomienda aprobar el plan en tanto que Budapest ha puesto en marcha una serie de reformas pero deja claro que todo desembolso estará supeditado a que el Gobierno húngaro cumple 27 medidas específicas ligadas a los problemas de corrupción y a la independencia de la judicatura, lo que en la práctica supone mantener bloqueados también los 5.800 millones de este fondo.
