«Entre hoy y mañana vamos a terminar de hablar con todos los compañeros del Ecofin (consejo de ministros de Finanzas de la UE), con el ánimo de tener esa reunión del Comité Económico y Financiero antes de finales de año y que cuanto antes se produzca el desembolso», ha explicado Calviño a la prensa en Bruselas, a donde asiste este lunes a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo).
Con el dictamen positivo de la Comisión Europea el viernes le toca ahora al resto de Estados miembro, a través del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas en inglés) examinar el expediente y dar su opinión. Si este análisis es positivo y también lo avalan (o si pasa un mes sin que ningún país se pronuncie), el desembolso será autorizado.
Preguntada por si cree que el dinero estará disponible en lo que queda de 2021, Calviño se ha limitado a decir que están trabajando con el Consejo «para tratar de acelerar los plazos» y que se pueda producir «cuanto antes» el desembolso efectivo del dinero. Para ello es necesario que antes se reúna y pronuncie el comité de expertos económicos, algo que la vicepresidenta primera espera que ocurra antes de que finalice el año.
Además, Calviño ha destacado que el Ejecutivo comunitario dio su evaluación positiva en apenas tres semanas, sin agotar el plazo de dos meses de que disponía, algo que ha explicado por el intenso trabajo entre Madrid y Bruselas y porque «estaba muy claro el cumplimiento de los hitos por parte de España y eso nos permite acelerar todo el procedimiento».
El tramo de 10.000 millones que espera España se unirá al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario permitió a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones.
MÁS DE 50 REQUISITOS
El primer pago depende de reformas incluidas en casi todos los componentes del plan de recuperación del Gobierno. Ocho de ellas forman parte del capítulo sobre modernización de la Administración, entre ellas la normativa para reducir la temporalidad en el sector público.
También tiene un peso importante en este desembolso el componente sobre la reforma de la fiscalidad con medidas como la introducción de la tasa digital, el gravamen sobre transacciones financieras o modificaciones corto plazo en el impuesto de sociedades y de impuestos indirectos.
En este primer desembolso también se incluyen medidas del capítulo de la reforma laboral, como son la ley que regula el teletrabajo, la normativa para reducir la brecha salarial de género y la entrada en vigor del plan de acción para atajar el desempleo juvenil.
En cuanto a la reforma de las pensiones, el desembolso de estos 10.000 millones está condicionado a la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, la revisión de las bonificaciones de los planes individuales de pensiones y la modificación del complemento de maternidad de pensiones.
Otros hitos y objetivos incluidos entre los requisitos para acceder a este tramo de ayudas directas son la aprobación de la ley climática, la estrategia de descarbonización hasta 2050, la hoja de ruta del hidrógeno, la estrategia española de economía circular, el plan de digitalización de pymes o la estrategia nacional de inteligencia artificial.
