La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que, cuando decaiga el estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad, a través de las llamadas acciones coordinadas y las órdenes ministeriales, si “hay una situación particular de incidencia”, al tiempo que ha señalado que ahora hay una “situación complicada” en Navarra, País Vasco y Madrid.
De este modo, la ‘número dos’ del Gobierno ha deslizado la posibilidad de que el Consejo Interterritorial decidida mantener restringida la movilidad en algún territorio, –sin especificar el ámbito– si así lo aprueban la mayoría de las comunidades, y sin que sea el propio gobierno autonómico quien lo proponga.
“Si el Consejo Interterritorial decide que hay alguna comunidad en una situación de particular incidencia, y ahora mismo tenemos Navarra, País Vasco y Madrid con una situación complicada, hay una acción jurídica, que se llama una acción coordinada”, ha defendido en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press.
Y a continuación, ha recordado que esto es así porque el Tribunal Supremo avaló recientemente que las decisiones del Consejo Interterritorial son de “obligado cumplimiento en todo el territorio”, al rechazar un recursos contra Vox contra el cierre perimetral de Madrid en Semana Santa que se decidió en este órgano.
Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita oficial a Valladolid, la vicepresidenta ha pedido no “adelantar debates” sobre la posibilidad de decretar el cierre perimetral de comunidades autónomas enteras desde el Consejo Interterritorial, sin descartar esta opción.
“DECISIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN TODO EL TERRITORIO”
Lo que sí ha reafirmado es que todas las que decisiones que adopte el CISNS “hay que cumplirlas”, y que será este órgano el que vaya analizando las medidas necesarias en función de cómo vaya “evolucionando” la pandemia.
También ha asegurado que “salvo” los confinamientos domiciliarios –lo que incluye el llamado toque de queda–, “casi todo lo demás es posible”. Por ejemplo, ha citado las limitaciones al número de participantes en reuniones o el perimetraje de municipios.
“Después de que el Tribunal Supremo dijera que son de obligado cumplimiento, creemos que ese es un instrumento muy útil para tomar decisiones importantes y de obligado cumplimiento en todo el territorio”, ha enfatizado.
“Salvo el confinamiento en nuestras casas, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas, y con la capacidad de coordinación que hemos desarrollado en el Consejo Interterritorial”, ha apostillado.
En este sentido, ha defendido que no es necesario reformar la legislación porque debe seguir siendo necesario que exista un control judicial de las medidas que tomen las comunidades que puedan afectar a los derechos fundamentales.
Y ha negado el embrollo judicial del que han alertado algunas comunidades y formaciones políticas cuando decaiga el estado de alarma porque “en el 99% de los casos, los tribunales han dado la razón a las decisiones de los ejecutivos autonómicos, salvo en algún asunto puntual”.
“Los tribunales españoles son quienes tienen la llave de cierre de garantías de nuestros derechos. Atravesando una pandemia no se pueden delimitar las garantías de los derechos de un país, es peligroso hacerlo en estos momentos”, ha advertido.
