Castilla-La Mancha registró un déficit de 515 millones de euros al cierre del año 2019, lo que supone un 1,2% con respecto de su PIB, por encima del objetivo fijado para el ejercicio, situado en el 0,1%.
En todo caso, según informa el Ministerio de Hacienda, es necesario tener en cuenta el problema generado por el desfase de un mes de IVA que se quiso compensar en los fallidos Presupuestos Generales del Estado, reparando en que toda vez se devuelva este extremo, el déficit de Castilla-La Mancha sería solo del 0,92%, hasta un total de 393 millones de euros, lo que lo colocaría en todo caso entre las regiones incumplidoras.
El conjunto de las administraciones públicas registró un déficit de 32.882 millones de euros en 2019, lo que equivale al 2,6% del PIB y supone una décima más que el año anterior (2,5%), en un contexto de prórroga presupuestaria y de aprobación de “fuertes medidas sociales”.
De esta forma, el déficit público se incrementó el año pasado por primera vez desde el año 2012, si bien, según Hacienda, se ha mantenido “estable”, al aumentar solo una décima respecto a 2018 “en un contexto de prórroga presupuestaria y de aprobación de fuertes medidas sociales”. Además, subraya, se mantiene por segundo año por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
“Los datos ponen de manifiesto el gran esfuerzo de contención fiscal realizado el pasado ejercicio si se tiene en cuenta que el contexto de prórroga presupuestaria ha impedido contar con nuevos ingresos y la aprobación de diversas medidas de gran calado social para reducir la desigualdad”, ha explicado.
En concreto, el déficit de 2019 alcanzó los 32.882 millones, sin la ayuda financiera, ya que con ella se añaden otros 22, hasta los 23.904 millones. Este es el resultado de un incremento del 3,8% de los ingresos públicos, frente a un aumento del gasto del 4,1%.
El departamento encabezado por María Jesús Montero también ha hecho hincapié en que el año 2019 fue un año “cargado de citas electorales en todos los niveles de las administraciones” que, en el caso de la Administración Central, supuso un largo periodo con un Gobierno en funciones y, por tanto, con “capacidades limitadas”.
Sin embargo, ha insistido en que pese a este “complejo escenario”, el déficit público solo se elevó una décima respecto a 2018, lo que “demuestra un comportamiento sólido de la economía española”.
BAJA EN ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SE DUPLICA EN CCAA
Por administraciones, la Administración Central y la Seguridad Social han reducido su déficit público un 12,7% y un 7,6%, respectivamente. En este sentido, Hacienda ha destacado que el Ejecutivo redujo sus ‘números rojos’ en 3.340 millones, pese al “importante” bloque de medidas sociales aprobado, como la subida de pensiones del 1,6%, el aumento de 5 a 8 semanas del permiso de paternidad, el alza del 22,3% del SMI o del 2,5% del sueldo de funcionarios, entre otros.
En detalle, el déficit de la Administración Central bajó un 12,7%, hasta los 13.896 millones de euros, el equivalente al 1,12% del PIB, dos décimas menos que en 2018. Además, ha destacado Hacienda, registró el año pasado un superávit primario de 11.246 millones, la mayor cifra en más de una década y un 9,9% superior al registro del año anterior, lo que contribuyó “decisivamente” a reducir el nivel de deuda pública al 95,5% del PIB.
Mientras, las comunidades autónomas, con un desajuste de 6.795 millones de euros, han incrementado su saldo fiscal negativo hasta el 0,55% del PIB, frente al déficit del 0,28% del año anterior. Si se descuenta el impacto provocado por la liquidación del IVA de 2017 por la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), el déficit registrado del subsector sería del 0,34%.
Teniendo en cuenta el efecto del SII, solo tres CCAA presentaron superávit el año pasado: Canarias (0,68% del PIB), Navarra (0,47%) y País Vasco (0,44%). El resto presentaron déficit: Andalucía (-0,27%), Aragón (-1,01%), Asturias (-0,74%), Baleares (-0,5%), Cantabria (-0,94%), Castilla-La Mancha (-1,2%), Castilla y León (-0,72%), Cataluña (-0,56%), Extremadura (-1,24%), Galicia (-0,41%), Comunidad de Madrid (-0,27%), Murcia (-1,72%), La Rioja (-0,44%) y Comunidad Valenciana (-1,91%).
Entre tanto, los ayuntamientos han reducido en un 37,3% su superávit, hasta los 3.839 millones de euros, equivalente al 0,31% del PIB, frente al superávit del 0,51% anterior.
Por su parte, los fondos de la Seguridad Social redujeron su déficit un 7,6%, hasta los 16.052 millones de euros, pasando del 1,44% del PIB en 2018 al 1,29% el año pasado, por lo que cumple con la notificación realizada a Bruselas del 1,4%. Las cotizaciones sociales crecieron un 8,1%, hasta 11.181 millones, en tanto que las prestaciones crecieron un 6,1%, hasta 9.952 millones.
LA RECAUDACIÓN POR SOCIEDADES BAJA UN 4,4%
En términos de caja, Hacienda explica que la “mala evolución” del impuesto sobre sociedades, cuya recaudación se ha reducido un 4,4% en 2019 ha sido un factor que ha impedido que la mejora del saldo fiscal fuera aún mayor, producido por el aumento del importe de las devoluciones fiscales.
El año pasado, se registraron devoluciones extraordinarias (no ligadas a la evolución normal del impuesto) derivadas de sentencias o de abonos por conversión de activos por impuesto diferido (los conocidos como DTA).
En cambio, subraya que el resto de recursos ha evolucionado positivamente. Así, la recaudación del IRPF se incrementó un 4,9% hasta los 86.892 millones, mientras que los ingresos por IVA se incrementaron un 1,9%, hasta los 71.538 millones de euros.
Por su parte, los Impuestos Especiales se elevaron un 4,1%, hasta los 21.380 millones. En este caso, resalta el aumento del Impuesto sobre Hidrocarburos un 9,43% por la integración de la tarifa autonómica del impuesto.
ELECCIONES Y EQUIPARACIÓN SALARIAL DE POLICÍA
Por el lado del gasto, que se incrementó un 4,1%, destacan tres partidas que provocaron este comportamiento: remuneración de asalariados (+5%), consumos intermedios (+3,5%) y prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (+6,3%).
En concreto, la evolución de los consumos intermedios, en el caso de la Administración Central, viene marcada por el gasto asociado a la celebración de dos elecciones generales en este ejercicio.
Por otro lado, Hacienda señala que en las administraciones territoriales, en particular las comunidades autónomas, este también fue un epígrafe que aumentó por la celebración de comicios en el ámbito autonómico.
La aceleración de la remuneración de asalariados se explica por la equiparación salarial de la policía y guardia civil con los cuerpos autonómicos y a la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno- Sindicatos alcanzado en marzo de 2018, con un incremento retributivo para 2019 del 2,5%.
Además, en el caso de las CCAA se explica por una aceleración de la incorporación de empleados públicos, así como por la devolución de la paga extra de 2012 y 2013.
Las prestaciones sociales, por su parte, reflejan la revalorización de las pensiones con el IPC, el incremento del número de pensionistas y el efecto sustitución, que provoca un incremento de la pensión media.
También aumentan las subvenciones, en un 5% (602 millones) y las transferencias sociales en especie en un 5,4% (1.670 millones). En sentido contrario se mueven el gasto en intereses, que cae un 2,9%, y la formación bruta de capital fijo, en un 1,3%.
