El secretario general de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha afirmado que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, tendrá que explicar qué “efectos” va a tener introducir evaluaciones a los docentes de enseñanzas no universitarias.
Así ha reaccionado García en una rueda de prensa en Toledo por el 30 aniversario de la Federación regional de Enseñanza de CCOO, después de que la titular de Educación haya señalado que esta propuesta contempla que estas sean voluntarias y sean compensadas con incentivos “muy importantes” para los profesores que accedan a realizarlas, en el marco del foro ‘Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente’
“Tendrá que explicarnos esto de la evaluación, cuándo y cómo –se aplicará–, y qué efectos tendrá”, ha afirmado el representante estatal de Enseñanza de CCOO.
Para poder entrar en este debate, García ha solicitado al Gobierno central que se realice en el marco general de un estatuto docente, incidiendo además en que en este mismo marco se incluyan dos cuestiones relevantes como el sistema de acceso a la profesión docente y la carrera profesional del profesorado.
“Hay que pasar de las musas al teatro, ya no es lo que quieran hacer sino cuándo lo van a hacer”, ha reclamado García, al tiempo que ha apremiado al Gobierno central “a cambiar las cosas” en esta legislatura porque si no, a CCOO no le servirá.
“Vamos a exigir resultados, porque hasta ahora solo hemos visto gestos”, ha asegurado el líder sindical, que ha reclamado asimismo la convocatoria de una mesa sectorial –y no un foro educativo– para abordar estos asuntos en un conjunto y no negociarlos por partes.
REIVINDICACIONES EN ENSEÑANZA
El secretario general de la Federación de Enseñanza ha afirmado que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez han sido positivas, pero aún se encuentran “a medias”, pues el Ejecutivo ha abogado por articular un proyecto de ley para derogar el “decreto de los recortes del PP”, algo que provoca dilación en el tiempo y que se resolvería si se creara otro Real Decreto, que tiene una tramitación más ágil.
A su juicio, el Gobierno tiene que tratar con prioridad el número de interinos para llegar a una cifra del 8 por ciento de este colectivo, ya que hasta 2022 hay proyectadas 89.000 plazas de docentes cuando faltarían 61.000 más para llegar a este porcentaje. Además, ha abogado por un examen de oposición en el que se hagan la nota media de las tres pruebas que componen el mismo, y quien apruebe podrá pasar a la fase de concurso oposición.
También ha mencionado otras demandas al Ejecutivo central como los itinerarios en ESO, el rango curricular de la asignatura de Religión, la participación de la comunidad educativa en consejos escolares o las becas en libros de texto, entre otros.
