La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves en el Congreso que realizará una “profunda reforma” del sistema estatal de becas que lleva en vigor desde 2012, con medidas como la reducción a 5 de la nota de acceso a estas ayudas y la eliminación de las cuantías variables que puso en marcha el ministro ‘popular’ José Ignacio Wert y que generó numerosas críticas entre la comunidad educativa.
Así lo ha asegurado en su comparecencia ante la Comisión de Educación y FP del Congreso, en donde ha explicado las líneas de trabajo de su departamento para esta Legislatura. En su intervención, ha explicado que este trabajo se realizará “de manera consensuada con la comunidad educativa” y con “el objetivo primordial es asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación”.
El sistema de becas aprobado por el PP en 2012 dividió las ayudas en dos partes: una fija (un mínimo de 1.600 euros para cada estudiante) y una variable (que va desde los 60 hasta los 1.500 euros por alumno). Esta última depende del las notas obtenidas y su renta familiar, entre otros factores y también depende del presupuesto que queda después de repartir la parte fija.
Tras algo más de año y medio en el Gobierno, Celaá ha anunciado cambios en este sentido. Según ha indicado, su equipo creará, en primero lugar, una estrategia del sistema estatal de becas para la próxima década y, en segundo lugar, revisará la estructura de los umbrales y de los requisitos académicos “para ganar en progresividad e impacto en la igualdad de oportunidades”.
COMPATIBLES CON LA VIDA LABORAL
Con este objetivo, ha señalado “se reducirá la nota de acceso a las becas de estudios no universitarios del 5,5 al 5” y, al mismo tiempo, bajará “gradualmente a 5” la nota de acceso a las cuantías fijas de becas universitarias. Además, se revisará la estructura de los umbrales de renta conjuntamente con la Agencia Tributaria.
También de forma gradual, ha añadido, se reducirá de manera sustancial, o se eliminará, la cuantía variable, “elevando las cuantías fijas en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias”.
Dentro de las medidas que recoge esta reforma, también está la intención de que estas ayudas sean compatibles con la vida laboral, “flexibilizando las opciones” y, así, “reducir el abandono”; así como la revisión de los criterios de reintegro de becas y ayudas, que, según ha indicado, “fueron endurecidos y que en muchos casos supone un coste de pérdida excesivo para las familias”.
“Las becas son una de las políticas fundamentales de este Gobierno que requiere el mayor consenso con todos los sectores implicados. Desde el Observatorio de Becas, como órgano de participación encargado de analizar la eficacia, equidad y transparencia del sistema de becas, vamos a potenciarla equidad educativa que abarque todas las etapas, junto con el Ministerio de Universidades”, ha señalado la ministra.
UN AÑO DE PRÁCTICA TUTELADA PARA LOS PROFESORES
Durante la comparecencia también ha anunciado que, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor de su proyecto de ley, su departamento planteará “una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente”. Entre las novedades, se propondrá un año de práctica tutelada que permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión. Un programa de inducción a la profesión.
En su nuevo texto también plantea un cambio del currículo para reducir las actuales tasas de repetición de curso que, según ha apuntado, “casi triplican la media de la OCDE”. Para su reducción, ha explicado, se buscarán estrategias escolares apoyadas con una visión general de la educación integradora en todas las etapas.
En este sentido, Celaá apuesta por “un currículo no memorístico, ni enciclopédico, sino competencial”. Y para crear este nuevo currículo ha apostado por crear un Instituto de Desarrollo Curricular que se pondrá en marcha con la cooperación de las comunidades autónomas.
“Porque es un compromiso del Gobierno incorporar la educación para la ciudadanía global y la sostenibilidad en todas las áreas y materias del currículo, de acuerdo con los compromisos que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de materia específica de Educación en valores cívicos y éticos, con un compromiso claro de alcanzarlo antes del año 2030”, ha declarado.
UNA EDUCACIÓN PÚBLICA CON EL APOYO DE LA CONCERTADA
En este sentido, Celaá ha defendido la necesidad de que la educación no se convierta “en un terreno para la lucha partidista”. Y en este discurso de conciliación, la ministra ha llamado a la “responsabilidad” de consolidar en el país “una enseñanza pública de calidad como garantía del derecho a la educación y elemento vertebrador de una sociedad justa y solidaria”.
“En esta tarea –ha añadido– podemos contar también con un importante sector de la escuela concertada que comparte el compromiso con la función social de la educación”, ha apuntado.
Del mismo modo, y respecto a la educación infantil de 0 a 3 años, la ministra ha anunciado que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno “elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta suficiente con equidad y calidad que garantice su carácter educativo”.
MODERNIZACIÓN DE LA FP
Por otra parte, la responsable de Educación, se ha referido a una futura “reforma en profundidad” de la FP, para su modernización. Las claves para esta revisión, explica, son la colaboración con empresas; la actualización de la estructura del sistema; el ajuste del catálogo de titulaciones; facilitar procedimientos de acreditación; e impulsar la orientación profesional.
Al respecto, Celaá apuesta por “un sistema de orientación educativa y profesional integrado en el sistema educativo desde las primeras etapas, que facilite acompañamiento a lo largo de la vida en cualquier decisión de itinerario formativo y profesional”. “Sabemos que un buen sistema de orientación profesional mejora la eficacia de la articulación entre los sistemas educativos y los mercados de trabajo”, ha apuntado.
La mayoría de estas medidas están incluidas en el proyecto de ley que la ministra ya presentó en la anterior legislatura pero que decayó tras la convocatoria de elecciones del pasado noviembre. Ahora, Celaá asegura que este texto será el primer proyecto de ley del Gobierno en este periodo de sesiones, aunque no ha precisado fechas concretas.
