Cerca de 95.000 opositores y opositoras optan mañana a 4.015 plazas convocadas el pasado mes de mayo para los puestos administrativos más demandados de la Administración General del Estado (AGE) en todas las comunidades autónomas, según informa CSIF. Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), esta oferta es «insuficiente» porque «no cubre las necesidades estructurales de empleo».
CSIF indica que «se han convocado un total de 1.500 plazas de nuevo ingreso (850 para el cuerpo de Administrativo y 650 para el de Auxiliar). El resto, 1.500 corresponden a promoción interna y 1.015 a estabilización de personal temporal».
Añade el sindicato que «estos procesos selectivos se celebrarán en: A Coruña, Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Illes Balears, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Zaragoza y Valladolid».
Para CSIF, esta oferta de empleo «es insuficiente y no cubre las necesidades estructurales de personal de la Administración General del Estado (AGE), que desde 2011 ha perdido 65.662 empleos, según los últimos datos a julio de 2021 del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas».
Subraya, además, que «la edad media de la plantilla de AGE es de 53 años y que un 19% tiene más de 60 años y está ya a las puertas de la jubilación. Advertimos, en este sentido, del riesgo de colapso en la Administración del Estado en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social, como ha quedado de manifiesto durante la pandemia».
Plan Estratégico
Desde CSIF reclaman un plan para «reforzar las administraciones públicas con más de 106.000 empleos en los próximos tres años. La pandemia ha puesto al descubierto el déficit de personal que sufrimos. Ante este déficit y el envejecimiento progresivo de su personal es fundamental convocar más plazas para reforzar nuestros servicios públicos y rejuvenecer la Administración».
Por todo ello, considera que «es prioritario establecer una Oferta de Empleo Público con proyección plurianual y convocatorias descentralizadas, agilizando el tiempo para su resolución, que permita la creación neta de empleo, revierta la disminución de efectivos, compense el gravísimo envejecimiento de nuestras plantillas y reduzca la alarmante externalización de servicios».
Reclaman, en este sentido, «un Plan Integral de Recursos Humanos que evidencie las carencias de funcionarios y laborales de los diferentes ministerios y organismos, con el objetivo de la reconstrucción social y económica en las Administraciones Públicas, como hemos propuesto al Gobierno».
