La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) mantuvo el pasado viernes una reunión en el Ministerio del Interior para transmitir a los responsables de Instituciones Penitenciaria que la insoportable carga asistencial a la que tienen que hacer frente los médicos de prisiones por la falta de profesionales está impidiendo prestar a los presos una asistencia sanitaria en condiciones de igualdad y equidad con el resto de la población española.
“En las cárceles realizamos mayoritariamente atención de urgencias. Es como si en un centro de salud no hubiera consultas, únicamente urgencias, y hubiera que esperar al infarto para atender a un cardiópata”, comenta a modo de ejemplo el doctor Pedro A. Martínez Sánchez, vocal de Médicos de Prisiones de CESM y presente en la reunión junto con el vicesecretario general de la Confederación, el doctor Gabriel del Pozo. Por parte de Instituciones Penitenciarias, estuvieron presentes el secretario general, Angel Luis Ortiz, y la subsecretaria del departamento, Carmen Martínez Aznar.
En la misma los representantes de la Administración nos comentaron que habían valorado una serie de medidas “urgentes” otras “a corto”, “medio” y “largo plazo, estando las urgentes del visto bueno de Hacienda para poder implementarlas y mejorar de forma rápida la situación de la atención en este periodo estival.
Como ya hizo público el sindicato hace unos días, en el encuentro se expuso la voluntad de los médicos de prisiones de convocar una huelga indefinida hasta que el Gobierno se conciencie de la magnitud del problema, puesto de relieve en el hecho de que la plantilla ha descendido más de 40% en los últimos 3 años, a lo que hay que añadir que el 90% de los médicos tiene ya más de 50 años y el 35% está en condiciones de jubilarse en cualquier momento.
“La situación es pues explosiva”, comenta el vocal de CESM. “Hay un desfase cada vez mayor entre la demanda de atención que precisan los más de 51.000 reclusos que hay en las cárceles españolas y el número de médicos, que no quieren trabajar en el sector, entre otros motivos, porque sus salarios presentan una diferencia en su contra de casi 20.000 euros netos al año, sin guardias, respecto a un profesional que trabaje en Atención Primaria”.
Martínez Sánchez recuerda que se ha llegado a esta situación porque, entre otras razones, no se está cumpliendo la Ley de Calidad y Cohesión de 2003, en la que se contempla la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos de salud. Hoy sólo las comunidades de Cataluña y País Vasco tienen asumida esta competencia, mientras que en el resto del país el servicio sigue dependiendo orgánicamente del Ministerio del Interior.
E insiste en que “nuestro objetivo es una sanidad penitenciaria de calidad que pueda cumplir los estándares de igualdad y equidad del resto del sistema sanitario público”.
