La comisión creada en el Congreso para investigar el funcionamiento del Ministerio del Interior bajo el mandato del ‘popular’ Jorge Fernández Díaz ha aprobado este jueves unas conclusiones en las que señala al ex ministro del Interior, al ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, como responsables políticos del uso “partidista” de este departamento.
El dictamen de conclusiones ha salido adelante con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, y el PDeCAT, el ‘no’ del PP y la abstención de Ciudadanos. El partido naranja únicamente censura a los exresponsables de Interior por “incompetencia” y “dejación de funciones”, pero no aprecia pruebas que puedan llevar a concluir que existiera una “policía política” que persiguiera a los adversarios del PP.
El PNV, por su parte, ve confirmado el uso “partidista” de los medios humanos y materiales del Ministerio aunque llega a esta conclusiones a través de “múltiples” indicios porque, según admite, no han encontrado pruebas “de categoría, concluyentes e indubitadas” para ello.
Las conclusiones que se elevarán al Pleno de la Cámara previsiblemente a la vuelta del verano si dan por acreditado que durante el mandato de Fernández Díaz en Interior se creó una estructura policial bajo las instrucciones del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, y por orden del ex DAO Eugenio Pino, para poner trabas a los escándalos de corrupción que afectan al PP, pero también para investigar y, en su caso, “perseguir” a adversarios políticos.
Entre esos adversarios cita al propio PSOE, como lo demuestran los trabajos realizados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró en secreto informes sobre el 11-M y el caso Faisán, relativo a un chivatazo a la red de extorsión de ETA.
También habría sido perseguido el nacionalismo catalán, a tenor de la investigación sobre la supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias (antigua Convergència); o Podemos, con la fabricación del informe PISA contra el líder de esa formación, Pablo Iglesias, y la supuesta financiación de su partido con fondos procedentes de Irán o Venezuela.
Obstruccionismo del Gobierno
“Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de Derecho”, añade el documento estructurado en cuatro puntos.
El PP sólo ha votado a favor del tercero de los puntos, que hace constar que la comisión no juzga al conjunto de la Policía Nacional, respaldando de esta forma la actuación de la mayoría de los funcionarios de este cuerpo. El último punto eleva al pleno una queja por la obstrucción del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de facilitar documentación sobre el objeto investigado.
Los grupos han acordado que cada partido adjunte su voto particular al dictamen de conclusiones para que el Pleno tenga conocimiento de las razones que han llevado al consenso alcanzado sobre el uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Fernández Díaz, que ya fue reprobado por estos hechos en la Cámara Baja.
Votos particulares
En cada uno de sus votos particulares, los grupos plasmarán sus propias conclusiones y podrán elevar el listón para señalar responsables por encima del exministro del Interior o eximirle de toda responsabilidad, como hará el PP. Cada voto particular se votará por separado en el Pleno.
En lo que sí han coincidido PP, PSOE, Ciudadanos y el PNV ha sido en rechazar la petición de Unidos Podemos, ERC y PDeCAT para que el dictamen se remita a la Fiscalía por si entiende que se pueden derivar consecuencias penales. Además, el presidente de la comisión, Mikel Legarda, del PNV, ha recordado que, en todo caso, la remisión al Ministerio Público debería decidirla la Mesa del Congreso.
Tanto el PSOE como el PNV han destacado que la misión de la comisión era señalar responsabilidades políticas, no penales, y que, en cualquier caso, la Fiscalía va a tener conocimiento del resultado de la investigación cuando se publique en el Boletín del Congreso y que siempre tiene la opción de actuar de oficio.
Tampoco se ha incluido en las conclusiones una alusión para solicitar la retirada de condecoraciones de Eugenio Pino, ni una mención a la responsabilidad del ‘número dos’ de Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Cinco comparecientes
Desde su apertura en abril, los miembros de la comisión han estudiado abundante documentación y escuchado a cinco comparecientes. Los primeros en ‘estrenar’ la comisión fueron el exministro Jorge Fernández Díaz, al que le siguió el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso.
Fernández Díaz y De Alfonso fueron los protagonistas de aquella conversación grabada en octubre de 2014 en el despacho del ministro que abrió la polémica al desvelarse supuestas maniobras policiales, mediáticas y judiciales contra formaciones de la oposición.
Posteriormente hizo lo propio el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, y los últimos en acudir a la comisión fueron el exDAO Eugenio Pino y el que fuera su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, que cerraron el pasado 5 de julio la ronda de comparecientes.
Tras escuchar todos estos testimonios, el PP, el PSOE y Ciudadanos rechazaron convocar a otros comparecientes que solicitaban Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT, entre ellos el excomisario ya jubilado José Manuel Villarejo o el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, y echaron también por tierra sus pretensiones de prorrogar los trabajos de la comisión.
