La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto una denuncia penal en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen amenazas físicas y coacciones que reciben los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde cuentas de Twitter.
CSIF pone en conocimiento de la justicia los datos de usuario para que se investiguen y se proceda a la identificación de los autores. La central sindical entiende que los mensajes pueden ser constitutivos de delitos de amenazas, coacciones e injurias.
Ante hechos como estos, el sindicato reitera su preocupación ante la inminente apertura al público de las oficinas del SEPE a partir del próximo día 15 de junio. CSIF, sindicato mayoritario en el SEPE, rechaza esta apertura inmediata.
En primer lugar, “porque todavía hay cerca de 200.000 expedientes de ERTE sin resolver (y por tanto personas inmersas en estos procedimientos sin cobrar) además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar, a diferencia de lo que se traslada por parte de la Ministra de Trabajo en el sentido de que ya se ha acometido el 98,5% de las cargas de trabajo”, dice el sindicato en un comunicado.
“Consideramos, a este respecto, que se debería estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías. Es más que previsible que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden”, añade.
Por otra parte, CSIF rechaza la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE. A su juicio, “las oficinas de prestaciones del SEPE deben reanudar la atención al público al mismo tiempo, de la mano de las comunidades autónomas con las que se comparte el espacio físico en las oficinas, garantizando las mismas y máximas medidas de seguridad sanitaria (además de la vigilancia de seguridad) tanto para los gestores de prestaciones como para nuestros usuarios. En este sentido, reclamamos la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el conjunto de las unidades, que garanticen la invulnerabilidad tanto de gestores como de usuarios”.
“Poco sentido tiene reanudar la atención a nuestros usuarios en unos territorios sí y en otros no, si no podemos estar en condiciones de garantizar una respuesta efectiva al conjunto de desempleados a los que, lamentablemente, todavía no hemos podido llegar”, agrega CSIF.
Los profesionales del SEPE, desde que comenzó la crisis, “han estado trabajando siete días a la semana y a doble turno, durante el confinamiento en sus propios domicilios y con sus equipos informáticos para resolver la avalancha de solicitudes de protección por desempleo, con una plantilla deficitaria (respecto al año pasado la carga de trabajo se ha incrementado un 530 por ciento, mientras que la plantilla solo ha aumentado un 10 por ciento con personal interino por seis meses, prorrogable a nueve)”.
A esta situación se suman las declaraciones políticas de todo punto irresponsables sobre el abono de la práctica totalidad de prestaciones, cuando la realidad nos muestra que aún hay 200.000 personas que aún no han percibido su prestación solamente en lo que respecta a los ERTE. Quedan por tramitarse la protección al colectivo de empleados del hogar, que aún no ha podido acometerse, además de las prestaciones ordinarias de la extensa carta de servicios del SEPE que ya se habían visto incrementadas exponencialmente antes de la pandemia y con motivo de la ralentización de la economía”, dice CSIF.
Todo ello ha generado una lógica frustración y preocupación en los ciudadanos afectados, a los que los empleados públicos quieren seguir atendiendo, eso sí, en las mejores condiciones”.
