Recientemente el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de mejora de la pensión de orfandad para los hijos e hijas víctimas de violencia de género, una propuesta que presentó el PSOE en la Cámara baja en marzo de 2017. Recibió luz verde y ahora se encuentra en su fase de tramitación en el Senado, aunque el PSOE ha denunciado las “trabas” que el PP está poniendo para su aprobación.
La Ley para mejorar las pensiones de orfandad persigue el objetivo de reconocer el derecho de todos los huérfanos de la violencia de género a cobrar una pensión de orfandad por encima de los 600 euros, aunque sus madres no hayan cotizado a la Seguridad Social.
Son más de 200 los menores huérfanos por este tipo de violencia contabilizados desde el año 2013. De acuerdo a los datos oficiales, este año han sido asesinadas por violencia de género al menos 47 mujeres que han dejado huérfanos a 39 menores de edad. En 2017, fueron 51 las asesinadas y 26 los menores huérfanos; y el 2016 terminó con 49 víctimas mortales y 29 menores huérfanos.
En el periodo 2013-2018, el año 2015 ha sido el año con mayor número de asesinadas (60) y también de huérfanos (51). En 2014 fueron asesinadas 55 mujeres que dejaron a 43 menores huérfanos; y en 2013 se contabilizaron 54 víctimas mortales y 42 huérfanos.
Menos de 200 euros al mes
A la espera de la aprobación definitiva de la ley que mejora sus pensiones, la realidad es que reciben una pensión que apenas supera los 200 euros mensuales en el mejor de los casos, según han denunciado de forma reiterada desde el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, gestionado por la Fundación Mujeres y fundado por Joaquín Tagar, el viudo de la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla Prieto.
En declaraciones a Europa Press, Tagar confiesa que ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, “que presione” para que se apruebe cuanto antes, y sostiene que le hubiera gustado que estos niños y niñas hubieran podido empezar a cobrar a partir del 1 de enero de 2019.
Tagar explica que “la mayoría” no cobran “nada” y los que cobran “algo” es la pensión no contributiva, de 140 a 190 euros. Además, denuncia que al solicitar a la Seguridad Social a este pago al que tienen “derecho”, se les emplaza a acudir a la vía judicial. “Esto significa buscar procurador, abogado, y estas familias no tienen dinero para eso”, exclama.
Sobre la ley que mejora las pensiones de orfandad, afirma que hubiese preferido que la pensión formara parte del sistema de cotización de la Seguridad Social, pero insiste en que “lo que urge es atender a las familias” de las víctimas mortales de violencia de género.
A falta de que se apruebe de manera definitiva, Tagar avisa de que la percepción de esta pensión de orfandad pueden traer un “problema” a las familias que acogen a los huérfanos. “Imagínate: si te quedas con dos hijos, cobrarás 1.200 euros que tienes que incluir en la declaración de la renta”, apunta, reclamando que esta percepción esté exenta de tributación.
Exenta de impuestos
En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que insiste en que al ser una pensión de orfandad está dirigida al menor y debe ser “independiente” de la renta de la familia, por lo que “debería estar exenta de impuestos”.
Asimismo, destaca que “ya hay legislación en España” en materia tributaria acerca de que las indemnizaciones y percepciones de víctimas están “exentas de impuestos”. Así, incide en que la fiscalidad de las ayudas de reparación del daño “tiene que ser cero”.
Soleto ve “mejorable” el planteamiento de la ley sobre las pensiones de orfandad –como que sea una pensión no contributiva, agrega–, pero recalca “que, al menos, es la garantía de que nadie se queda sin nada”.
En este sentido, lamenta que actualmente muchos hijos de mujeres asesinadas siendo jóvenes se quedan “sin ningún tipo de pensión” por no haber cotización suficiente. “Eso es intolerable”, agrega en declaraciones a Europa Press.
A su juicio, se está “tardando” mucho en debatir sobre la situación de estos menores que “merecen” esta indemnización de reparación del daño para “garantizar los recursos económicos a lo largo de la vida del menor”.
Por otro lado, Joaquín Tagar también considera que es una prioridad el desarrollo de un protocolo de actuación para las familias tras el asesinato. “Las familias no saben adonde dirigirse, las administraciones a las que acuden no saben qué hacer con ellas”, denuncia, reclamando a Justicia un protocolo para que la oficina de víctimas haga un protocolo con los pasos a seguir desde que se comete el asesinato.
