Los datos corresponden a la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo tras decretarse el estado de alarma, para permitir aplazar hasta 30.000 euros en impuestos a autónomos y pymes con una facturación de hasta seis millones de euros.
Así lo ha manifestado ante el Pleno del Congreso la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, durante su defensa del decreto ley con el que el Gobierno permitió el pasado 14 de abril ampliar hasta el próximo 20 de mayo el pago de impuestos a pymes y autónomos que facturen menos de 600.000 euros, ante la situación de emergencia económica provocada por la pandemia de la enfermedad COVID-19.
Asimismo, la responsable de Hacienda ha asegurado que 1,15 millones de autónomos han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, que se han concedido 1,04 millones de solicitudes hasta el pasado 24 de abril, y que más de 919.000 trabajadores por cuenta propia ya lo han cobrado, por un importe de 671 millones de euros.
Por otro lado, también ha señalado que la semana pasada el Gobierno aprobó un aplazamiento de los pagos del alquiler para pymes y autónomos durante el estado de alarma y los cuatro meses posteriores para aquellos casos en los que el propietario del inmueble sea una entidad pública y gran tenedor, medida que espera beneficiar a unos 150.000 negocios comerciales y otros 70.000 de hostelería.
Durante su intervención, ha defendido el “diferencial muy importante respecto a la crisis de 2008” en las acciones llevadas a cabo por el Gobierno, crisis que se superó, ha dicho, con mayor desigualdad y con “efectos que todavía hoy no se han podido paliar”, razón por la cual, ha apostillado, “se ha activado todo el músculo del país” no sólo “para contener la pandemia”, sino también sus efectos en la economía.
La portavoz del Ejecutivo ha manifestado además su confianza en que “la sociedad española será ejemplo también en la recuperación” y ha emplazado a la oposición a un “acuerdo para la reconstrucción”, en el que espera que también participen “todas las fuerzas, también las económicas y sociales”, junto con administraciones autonómicas y municipales, con las que fraguar “el mayor consenso posible para el plan de medidas realistas” con las que “reconstruir la economía, reactivar los niveles de crecimiento y garantizar los servicios públicos”.
