Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia.
En la misiva dirigida a la Red Judicial de Consejos de Justicia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se informa de «los graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España».
«Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción».
El CGPJ alerta de que «el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes».
«En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes», le traslada.
Como soporte documental, le remite la declaración institucional adoptada el pasado lunes por el Pleno del CGPJ –con nueve votos a favor del sector conservador, cinco en contra del ala progresista y el voto en blanco del presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte– donde se advierte de que la aprobación de una ley de amnistía supondrá la «abolición» del Estado de Derecho en España.
Envía también el aprobado el jueves en una sesión extraordinaria por la Comisión Permanente, que cuenta con el respaldo de 12 vocales tanto conservadores como progresistas y un voto en contra de la vocal progresista Pilar Sepúlveda, donde el órgano expresa su «frontal oposición» a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto ‘lawfare’ y anticipa que actuará por «los cauces legalmente establecidos».
El CGPJ pide a la presidenta que ponga esta comunicación y los documentos adjuntos «a disposición de los demás miembros y observadores de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, con la petición añadida de que la difundan en sus propios poderes judiciales».
