En concreto, la Cámara ha rechazado eliminar varios artículos, el capítulo II completo, y mantendrá la obligación de contar con programas de voluntariado y colaboración de las entidades de protección animal.
Además, ha aprobado la enmienda relativa a excluir de entre las prohibiciones generales para que las personas sin hogar puedan seguir teniendo animales de compañía, aunque sea de forma ambulante, para evitar que estos sean multados.
También quedará prohibido, sin excepción, dejar a un animal de compañía sin supervisión durante más de tres días consecutivos y en el caso de los perros este plazo quedaría limitado a no más de 24 horas consecutivas.
Otro de los cambios propuestos por el Senado aprobados en el Congreso es la supresión de la obligación de un test de los titulares junto a sus perros para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social y otra más para que ya no sea obligatorio que las administraciones públicas esterilizaran y pusieran un microchip identificativo a cada uno de los gatos que compongan una colonia felina.
También ha salido adelante otra enmienda sobre la función inspectora, de forma que el Ministerio ya no podrá excepcionalmente dirigirse a las comunidades autónomas para que estas ejerzan la función inspectora o bien comunicar al Ministerio fiscal cuando tenga conocimiento de infracciones. Igualmente, se suprime la obligación de que cualquier Ministerio que tenga conocimiento de una infracción sobre bienestar animal pondrá en conocimiento de la autoridad a la que podrá solicitar su actuación.
Asimismo, se modificará la disposición adicional quinta para que quienes tengan animales de especies externas al Listado Positivo de Animales de Compañía tendrán 6 meses para comunicar su tenencia a las autoridades competentes y estas tendrán que adoptar las medidas pertinentes de cara a su intervención y puesta a disposición de centros de protección de especies silvestres, zoos o entidades de protección animal. Igualmente, la Cámara Baja ha acordado eliminar la disposición adicional octava al reconocer que la norma sí puede conllevar gasto.
Sin embargo, el Congreso ha votado en contra de suprimir el artículo 4 y el título II completo –artículos 9 a 12– que contemplan la creación de un sistema centralizado de registros para la protección animal, que se mantiene. Tampoco elimina la obligación de que los planes de protección civil contemplen medidas de protección para los animales, como pretendía el Senado.
