La iniciativa, que ha sido transaccionada con el PSOE, ha salido adelante con los votos a favor de los socialistas y sus socios de Gobierno. PP y Vox han votado en contra de la propuesta, mientras que ERC se ha decidido abstenerse.
El texto votado, propone concretamente que, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se acuerde de forma periódica y con carácter anual con las autonomías, los criterios que sirvan de base para la distribución territorial de los recursos recaudados en la asignación tributaria de este impuesto.
Además, se llama al Ejecutivo a, previo acuerdo también del Consejo Territorial, a “seguir distribuyendo territorialmente por comunidades autónomas, otros recursos en materia de concesión de subvenciones destinadas al área de servicios sociales, familias, discapacidad y otros fines de interés social”.
El diputado de PDeCAT Genís Boadella, ha señalado que, el primer año en el que se dispuso de esta asignación tributaria para destinar a fines sociales, “en medio de la pandemia”, el Gobierno asignó estos fondos mayoritariamente “a entidades de ámbito estatal” vía decreto ley. Una decisión que, ha apuntado, “incluso el Tribunal Constitucional ha dicho que corresponde” tomarla “a las comunidades autónomas”.
“Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de derechos sociales y, por lo tanto, son las que tienen que repartir estos fondos a las entidades del Tercer Sector de sus respectivos territorios”, ha apuntado.
