PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (OTR/PRESS) –
El que fuera contable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, ha ratificado en su declaración como acusado en el marco del juicio del caso Nóos que elaboró facturas y certificaciones falsas, por orden de Iñaki Urdangarin y, principalmente, de Diego Torres, que posteriormente fueron presentadas por el Instituto Nóos a las Administraciones Públicas para poder cobrar por eventos que finalmente no se llevaron a cabo.
Tal es el caso de los Juegos Europeos de Valencia, por los que el Instituto percibió 382.203 euros en 2006 a pesar de que el evento nunca tuvo lugar -el convenio para la realización del mismo contemplaba el pago de un total de seis millones de euros-. El inculpado ha subrayado que las facturas que fueron entregadas a la Generalitat Valenciana habían sido infladas y reflejaban tales gastos que «jamás se podrían justificar, porque no había gastos suficientes que respondieran a las elevadas cantidades reclamadas».
En un minucioso interrogatorio por parte del fiscal Pedro Horrach, Tejeiro ha señalado que tanto Urdangarin como Torres le ordenaban realizar estas facturas «tras decidir qué cantidad querían facturar» de la Administración.
Algunas de ellas, hasta un total de 14, correspondían además a los foros sobre turismo y deporte que habían sido anteriormente organizados en Baleares, si bien la mayoría «no respondían a gastos reales», como viajes, material de oficinas, gastos de teléfono, servicios fiscales y traducciones, entre otros. Incluso llegaban a alcanzar gastos por más de 241.000 euros, como una de las emitidas por 'honorarios de comunicación' y por un estudio de investigación del atletismo europeo.
«A mí se me decía: factura a esta sociedad por este importe, por este concepto, y mi función ahí había acabado», ha recordado Tejeiro. Del mismo modo, ha reconocido que emitió un certificado, también por orden de sus superiores, en el que daba constancia de los trabajadores que iban a participar en los Juegos Europeos y que nunca se dedicaron a ello, tal y como ha subrayado.
La Generalitat llegó a rechazar facturas por un importe de hasta 1,9 millones de euros tras detectar que no estaba justificada la realización del servicio objeto de las mismas.
FACTURAS GIRADAS A VARIAS EMPRESAS DEL ENTRAMADO
Los documentos de pago no sólo fueron girados al Instituto Nóos sino también a otras de las entidades que integraban el entramado urdido por Urdangarin y Torres para apoderarse de los fondos de las Administraciones públicas, como Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Aizoon, Torres-Tejeiro Consultoría y Shiriaimasu. Ninguna de ellas prestó servicio alguno para los Juegos Europeos.
Horrach es tajante al respecto en su escrito de acusación: de los diferentes servicios que debía prestar Nóos en cumplimiento del convenio para los JJEE «no consta que haya efectuado ninguno». «La entidad pretendía obtener fondos públicos sin contraprestación alguna», remacha.
Tal y como rezaba el convenio suscrito con Nóos por la Generalitat, los objetivos del mismo pasaban por el diseño de «un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos», denominado genéricamente Juegos Europeos.
NADA SE LLEVÓ A CABO
Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales. El convenio contemplaba el pago de un total de seis millones de euros desde Presidencia en favor de Nóos.
El acuerdo fue rubricado por Urdangarin con el exvicepresidente de la Generalitat valenciana -de la que salieron los fondos- Víctor Campos y con la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, presidida entonces por Esteban González Pons quien, en su declaración como testigo ante el juez José Castro, negó que su firma fuera determinante para que Nóos cobrara de la administración valenciana por la organización del evento deportivo.
