MADRID, 27 Feb. (OTR/PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el que se incluye un aumento a siete del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
De este modo, y tan sólo después de año y medio después de ser aprobada en junio de 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón en la cartera de Justicia, el Gobierno «autoenmienda» su propia reforma de la LOPJ, que fue la que modificó la constitución y el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y redujo el número de miembros del mismo con dedicación exclusiva. La reforma está además recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La nueva norma incorpora, además, mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales. Así, jueces experimentados en su materia podrán prestar asesoramiento a otros instructores que lleven causas de especial complejidad en su tribunal.
Se centra especialmente en la introducción de modificaciones en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y, en concreto, a fin de buscar un «equilibrio» entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se extenderá la jurisdicción de estos órganos a dos o más partidos judiciales.
MAYORES COMPETENCIAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Además, se amplían las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer. Es decir, estos magistrados podrán exigir responsabilidad penal por delitos que hasta ahora estaban fuera de su alcance como la revelación de secretos e injurias.
Los jueces de violencia de género también obtendrán mayor eficacia a la hora de proteger a las víctimas porque investigarán los quebrantamientos de medidas impuestas, como por ejemplo, el alejamiento.
El Proyecto de Ley dota de mayores herramientas al CGPJ para que cuente con una mayor flexibilidad a la hora de redistribuir sus recursos. Por ejemplo, el órgano de gobierno de los jueces podría acordar que determinados magistrados de una misma provincia se especialicen en unos casos en particular, que no afectarían al orden penal, y que permitiría agilizar la resolución de estos asuntos y unificar criterios.
Para ofrecer mayor equilibrio de las cargas de trabajo en los órganos de ámbito provincial, la norma prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en el reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso- Administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos.
Esta medida repercutiría en las Audiencia Provinciales, que a menudo se encuentran con una disparidad de criterio entre diferentes togados sobre casos similares. Son varias de las ideas que el Ministerio baraja incluir en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que próximamente llevará al Consejo de Ministros y que aliviará desigualdades en la carga de trabajo de los órganos judiciales.
La nueva ley incluye también modificaciones en el trabajo de los secretarios judiciales, dirigidas a potenciar sus funciones, y un cambio de la denominación de los fedatarios públicos que pasarían a llamarse 'letrados de la administración de justicia'. Les consolida como directores de las oficinas judiciales y adapta el catálogo de faltas disciplinarias a la condición directiva de este Cuerpo, así como la previsión de potenciar sus funciones, por ejemplo en materia de mediación.
UNA LEY MUY MERMADA
El Proyecto de la LOPJ que aprobará hoy el Consejo de Ministros poco tiene que ver con la reforma impulsada por Gallardón en 2013. Del anteproyecto anunciado entonces se han caído aspectos como la potestad del CGPJ de ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que deje de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta «perturbada» su independencia judicial.
Tampoco incluye ya prohibiciones a los jueces y a las asociaciones judiciales valorar los casos abiertos en los juzgados ni reorganiza el diseño de la Audiencia Nacional, integrando los Juzgados Centrales de Instrucción en una sala compuesta por secciones de tres magistrados.
La norma sí introduce medidas como el encaje definitivo de la Jurisdicción Militar en el Poder Judicial y la eliminación del privilegio de presentación de ternas de que goza el Ministerio de Defensa para la designación de los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
La nueva Ley también declara la vía del recurso de revisión como la adecuada para hacer cumplir las sentencias referidas a vulneración de derechos que dicte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con lo que se busca incrementar la seguridad jurídica de los ciudadanos en este ámbito.
Se modifican también los Institutos de Medicina Legal para convertirlosa en «organismos multidisciplinares» que aseguren una atención integral. Así, contarán con unidades de valoración forense integral, de los que podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales para garantizar la asistencia especializada a víctimas de violencia de género y doméstica, menores y personas con discapacidad.
El Gobierno reduce de 35 a 20 las peonadas mínimas necesarias para acceder al subsidio o la renta agraria
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley por el que reduce de 35 a 20 las jornadas mínimas necesarias que los trabajadores eventuales del campo tienen que reunir para poder acceder al subsidio y la renta agrarios.
Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando ha indicado que la medida se aplicará en Andalucía y Extremadura para aquellos jornaleros que tuvieran 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses anteriores y que su ámbito temporal de aplicación es el de seis meses desde la entrada en vigor del decreto.
Sáenz de Santamaría ha explicado que se toma esta medida por la baja producción en la campaña del olivar y ha detallado que en Andalucía la producción de aceite de almazara se ha reducido más de la mitad.
La 'número dos' del Ejecutivo ha asegurado que la reducción de las peonadas es «una medida hablada con el sector» y ha añadido que afectará a más de 56.000 jornaleros.
Por último, ha recordado que esta no es la primera vez que el Gobierno adopta una medida de esta naturaleza ya que hace dos campañas también se aprobó la reducción de 35 a 20 de las peonadas mínimas necesarias para acceder al subsidio o la renta agrarios, modulación que estaba motivada en aquella ocasión por la reducción de la producción como consecuencia de la sequía del olivar.
Las familias numerosas de parados o pensionistas y monoparentales con 2 hijos accederán al cheque familia
Las familias monoporantales con, al menos, dos hijos y los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia numerosa o personas con discapacidad serán también beneficiarios del cheque familia, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
Hasta ahora la ayuda estaba prevista únicamente para trabajadores que cotizan a la seguridad social. La medida, consistente en un impuesto negativo o «cheque familiar» se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015, por lo que las familias que, con la reforma de las condiciones de acceso a las ayudas, tengan derecho a esta dotación, podrán solicitarla a partir de esta fecha.
«Podrán acceder, en todos estos casos, a la deducción de 1.200 euros anuales en cada una de las situaciones familiares acumulables entre sí», ha explicado Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se han aprobado las medidas anunciadas esta semana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate del Estado de la Nación.
AHORRO DE 3.000 EUROS PARA AUTÓNOMOS
Otra de las medidas aprobadas este viernes en Consejo de Ministros ha sido la regulación de una bonificación en la cotización de la seguridad social del 100% para los trabajadores autónomos que cesen durante un año su actividad laboral para atender al cuidado de personas con dependencia reconocida o de hijos menores de 7 años.
La concesión de la bonificación irá condicionada, según ha indicado la vicepresidenta de Gobierno, a que dichos trabajadores contraten a un tercer trabajador para que no cese la actividad. A juicio del Gobierno, la medida supondrá «un ahorro cercano a los 3.000 euros» que se acojan a esta posibilidad.
