La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha pedido este martes al Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, que aclare a qué se debe el desfase en la cifra de fallecidos por coronavirus, ya que, según ha defendido, son las Comunidades Autónomas las que se encargan de recabar estos datos y, por lo tanto, las que deben disipar las dudas que puedan surgir al respecto, “para la tranquilidad de todos los ciudadanos”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y a preguntas de los medios de comunicación, Montero ha afirmado que si efectivamente se ha producido algún desfase debido, por ejemplo, al retraso en los enterramientos o incineraciones, debe ser la administración territorial correspondiente, en este caso, Castilla-La Mancha, la que aclare esta cuestión, porque el Gobierno no dispone del detalle de esos datos.
‘Sería bueno preguntarle al Gobierno regional’
“Son datos puntuales que sería bueno y conveniente preguntarle al gobierno regional. Nosotros lo que hacemos con los datos que se proporcionan es agregarlos y tener la capacidad con ellos de poder hacer un seguimiento de esa monitorización”, ha insistido. “Sería bueno que la propia Comunidad Autónoma pudiera aclarar, para la tranquilidad de todos los ciudadanos, por qué se producen y son hechos puntuales”, ha recalcado después.
Las discrepancias entre datos, en ese caso, han surgido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha indicara en una nota de prensa que el número total de licencias de enterramiento expedidas en los registros civiles de la región por muerte por Covid-19 –o sospecha de que sea el motivo– eran de 1.921 en el mes de marzo, lo que supone el 57% del total de muertes. Ese número no concuerda con la estatal, que cifra los fallecimientos por Covid-19 en la región en 774 en total.
Limitaciones del sistema informático
Este lunes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó, al ser preguntado al respecto, que la diferencia en el cómputo del número de fallecidos en Castilla-La Mancha por coronavirus se debe a las limitaciones del sistema informático, y ha asegurado que “pulirán” las mecánicas de conteo y al final se ajustarán las cifras estatales con las regionales.
Polémica sobre las pautas para contabilizar fallecidos
Además de este desfase en los datos señalado por la justicia, en otras Comunidades, como Extremadura, la oposición ha acusado al Gobierno de haber pedido a las Consejerías de Sanidad autonómicas que no cuenten como fallecidos por coronavirus a aquellas personas que no tuvieran confirmado el contagio.
En concreto, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, denunció que existe “una orden” del Gobierno de “ocultar el número real” de fallecidos por coronavirus. Según el dirigente ‘popular’, a través de una directriz de los ministerios de Sanidad y de Justicia, el Gobierno está anulando las autopsias e indicando que la muerte por coronavirus sin tests hay que anotarlas como “no confirmadas”.
Preguntada sobre esta cuestión, la portavoz del Gobierno ha asegurado el Gobierno está siendo “extraordinariamente respetuosos” con la recogida de los datos de la que se están encargado las Comunidades Autónomas, al tiempo que ha añadido que consideran que los datos que les están proporcionando “son fiables”, exceptuando algunas “situaciones concretas”, en las que se haya podido producir “un retraso en la emisión de datos”.
Por ello, ha asegurado que no temen que el número de personas fallecidas por coronavirus sea superior al que se está conociendo, “en ningún caso”, y ha añadido que “la mayoría de las Comunidades saben que cuando se produce un brote y hay personas en el entorno de ese brote que fallecen por neumonía, se registran como pacientes fallecidos por neumonía aunque no tengan definitivamente hecha la prueba”.
“La calidad de los datos depende de las Comunidades Autónomas”
“Por tanto, la calidad de los datos depende de las Comunidades Autónomas y tenemos una alta confianza en esta recogida de datos que hacen las Comunidades Autónomas, con independencia de que en un tema o un territorio concreto se pueda producir algún desfase, que deberíamos preguntarle a esa Comunidad, porque yo no tengo la finura del detalle”, ha enfatizado.
En todo caso, ha Montero ha defendido que los protocolos y la forma de recoger la información y de contarla “es homogénea por parte de todas las Comunidades Autónomas”, y que “si hay alguna en alguna que en alguna situación se hayan desviado”, el Gobierno no está en condiciones de explicar qué ha ocurrido, sino que corresponde a esa Comunidad Autónoma aclarar esas dudas sobre los desfases que se comunican.
“La gran parte de la información la tenemos en tiempo y forma, excepto los lunes, que siempre hay algún incremento de datos del fin de semana, que lo tenemos localizado”, ha apostillado la portavoz del Gobierno.
