Asimismo, la entidad apunta que, dado que el nuevo compromiso político depende fundamentalmente de los fondos europeos, la estabilidad política de España “pasa a depender de la pronta aprobación del presupuesto de la UE” y advierte de que “cualquier retraso en la aprobación y adopción” probablemente conducirían a una mayor inestabilidad política en el país.
El banco estadounidense hace hincapié en que la combinación de un Gobierno de coalición y la fragmentación regional de la política española ha sido fundamental para determinar la composición de la política fiscal, subrayando que las autoridades autonómicas se han convertido en fundamentales en la implementación de la inversión, el componente estructural más importante del paquete fiscal español.
En su análisis, la entidad señala que el presupuesto español se basa en dos pilares: una combinación de impuestos y gastos financiados por un déficit nacional, incluyendo una mejora de los componentes cíclicos y un conjunto de medidas fiscales estructurales dirigidas a la redistribución, así como en un fuerte aumento planificado de la inversión financiada con subvenciones europeas.
“El cambio hacia una mayor redistribución de las medidas fiscales no es temporal sino estructural”, señala el banco en referencia a medidas como la introducción de un impuesto digital, los impuestos “verdes” y del azúcar, una tasa Tobin sobre las transacciones financieras y un aumento en los impuestos personales y patrimoniales para las personas de altos ingresos.
Este conjunto de medidas, además de mayores pensiones y salarios del sector público, refleja la convergencia de puntos de vista políticos en la coalición gobernante y supone un enfoque fundamental para ganar el apoyo de los partidos nacionalistas (EH-Bildu, ERC y PdeCAT), según la entidad.
“Estas concesiones a la fragmentación autonómica se suman al regionalismo que ha pesado fuertemente en la inversión pública, el mayor componente estructural de la política fiscal española (por encima del 2% del PIB), sesgando su distribución y la probable implementación de proyectos estructurales”, añade.
En este sentido, Goldman Sachs destaca que, por un lado, se logra que las autoridades regionales sean fundamentales en la implementación del componente estructural más relevante de la política fiscal española, aunque al diferir entre comunidades autónomas dicha capacidad de implementación, “esto expone al Gobierno a un riesgo adicional”.
Por otro lado, al retener la decisión de asignar la mayor parte de los fondos europeos, la coalición gobernante ha fortalecido el papel del Gobierno central como intermediario político con los partidos regionales.
“Si bien el Gobierno puede haber optado por el compromiso óptimo entre fragmentación regional y el acceso a los fondos de la UE, al hacerlo se ha expuesto a nuevos riesgos”, señala el banco de Wall Street.
