La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, preside este miércoles 9 de enero la Conferencia Sectorial de Educación, en la que presentará a los consejeros autonómicos del ramo su anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y con la que pretende derogar, además, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 por el Partido Popular.
La reunión de la Conferencia Sectorial se celebra en la sede del Ministerio en la madrileña calle Alcalá, y será “monográfica” sobre la ya conocida como ‘Ley Celaá’, y que la ministra tiene previsto llevar al Congreso a principios de este año.
El borrador de la reforma, que contempla la derogación completa de la también llamada ‘Ley Wert’, tuvo una primera lectura en el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre. Este martes, el Consejo Escolar del Estado celebra un pleno para incorporar enmiendas a su informe de ponencia a la reforma de la ley educativa.
La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo en el que están representados los diversos sectores de la comunidad educativa, solicitó el aplazamiento del pleno, previsto inicialmente para diciembre, para disponer de más tiempo para presentar enmiendas al anteproyecto, que se tramitará como ley orgánica en el Congreso.
A la Conferencia Sectorial están convocados los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas. La consejera de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, Clara Ponsatí, no acudirá a la reunión de Madrid, y el Govern de Quim Torra estará representado por el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Carles Martínez.
Medidas de la Ley Celaá
La ‘Ley Celaá’ pretende modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006 durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, porque sobre ese texto “reclinaba la LOMCE” de 2013 que ahora pretende derogar, según explicó la ministra de Educación y Formación Profesional.
El anteproyecto de reforma incluye medidas como dejar la asignatura de Religión fuera de la nota media, incluir una nueva materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, devolver la obligatoriedad de Filosofía o permitir que un estudiante obtenga el título de Bachillerato con una asignatura suspensa.
El borrador también elimina la “demanda social” como criterio para la planificación escolar, un “eufemismo”, en palabras de Celaá, para “propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada” que se incorporó en la LOMCE redactada por el exministro del PP José Ignacio Wert.
Además, la ‘Ley Celaá’ incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como “lengua vehicular”, con el objetivo de que los alumnos y alumnas sepan expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la educación obligatoria, según el texto elaborado por el Ministerio.
“A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes”, se lee en el documento.
Esta medida ha sido criticada por el PP, que preguntó a Celaá en el Senado cómo pretendía “garantizar” que los padres puedan elegir libremente la lengua de enseñanza de sus hijos, algo que peligra, en opinión de esta formación, por plantear la cesión “de las competencias lingüísticas a las comunidades autónomas” en el borrador de la reforma.
La ‘Ley Celaá’, de momento, no ha logrado adhesiones en el resto de los grupos parlamentarios. “Este anteproyecto cuenta ahora sólo con 84 diputados”, advirtió Unidos Podemos, el principal socio del Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado mes de diciembre.
‘Espantada’ del PP
La reunión de este miércoles será la segunda de la Conferencia Sectorial desde que Celaá asumiera la cartera de Educación el año pasado. La primera se celebró en julio, y tuvo como protagonistas a los consejeros de Educación de las comunidades de Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja, todos del Partido Popular, que decidieron abandonar anticipadamente la reunión.
En aquella ocasión, el Ministerio había convocado la Conferencia Sectorial para informar a los consejeros autonómicos sobre el anteproyecto de ley con el que el Gobierno quería derogar recortes que seguían vigentes desde 2012. Los consejeros del PP aseguraron que no estaban “en desacuerdo con las medidas del anteproyecto”, pero justificaron su ‘espantada’ por la “chapuza” de la convocatoria, ya que no se había reunido previamente una Comisión General que “prepara técnicamente” la Conferencia Sectorial, explicaron entonces.
