Precisamente, el Consejo de Ministros acordó en junio interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa catalana que habilita a poner límites a los precios del alquiler, aunque no solicitó la suspensión cautelar de la medida al estar a la espera de tramitar en paralelo la Ley estatal de Vivienda.
Así se recoge en una respuesta parlamentaria remitida, mediante el departamento de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, a varios diputados de Vox que requirieron información sobre los planes en materia de vivienda y juventud.
En esa contestación por escrito se enumeran algunas iniciativas, como la presentación del Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda, orientado a conocer la evolución del mercado de cara a desarrollar un sistema de limitación de precios de arrendamiento en las zonas de mercado tensionado.
REGULACIÓN QUE «MANDATA» EL ACUERDO DE COALICIÓN
El objetivo, tal y como explica el Ejecutivo, es habilitar una ley estatal de vivienda en cuyo anteproyecto «deberá contemplar mecanismos efectivos para regular y bajar los precios de los alquileres, tal como mandata el acuerdo programático firmado por las dos fuerzas que componen el Gobierno de coalición».
«Y cuya eficacia se ha demostrado en múltiples casos donde se han aplicado políticas similares como en algunas de las principales ciudades de países vecinos de la Unión Europea, e incluso dentro del Estado en Cataluña, donde con este tipo de regulación se ha logrado bajar alrededor de un 5% el precio de los alquileres aumentando a la par el número de contratos de arrendamiento firmados», prosigue la respuesta.
El mencionado recurso contra la ley catalana generó tensión en el seno de la coalición. Unidas Podemos destacó que la «negociación» y «presión» al PSOE consiguió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solicitara la suspensión de la ley catalana de vivienda que regule el alquiler ante un eventual recurso al Tribunal Constitucional.
Además, el Gobierno también recalca en su escrito que una de sus prioridades es «dar respuestas efectivas» al problema de la emancipación «tardía» de los jóvenes para que puedan desarrollar «libre y dignamente sus proyectos de vida», acorde con la Estrategia Europea de Juventud (2019-2027) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
MEDIDAS DESPLEGADAS ANTE LA CRISIS DEL COVID
También retrotrae las «medidas de choque» desplegadas para hacer frente a la situación provocada por la pandemia del Covid-19, que incluyen la prohibición de la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional; la prórroga de los contratos de alquiler durante 6 meses; la reestructuración en 3 años o quita obligatoria del 50% de la deuda los grandes tenedores a sus inquilinos.
Además, enumera la apertura de líneas de apoyo con microcréditos a personas vulnerables, la moratoria de hipotecas y la prohibición de corte de suministros básicos durante el estado de alarma, junto a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital.
En esta línea, cita que en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, mediante la orden del 9 de abril del Ministerio de Transportes, se han desarrollado medidas de calado como una nueva ayuda para el pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables sobrevenidos por el Covid-19; ayudas directas a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, personas sin hogar y especialmente vulnerables.
A ello se suman ayudas a la compra de viviendas por las administraciones y entidades públicas para incrementar el parque público de viviendas, con ayudas de hasta 400 euros por metro cuadrado útil de vivienda y de hasta el 60% del coste de adquisición. «Tales líneas de acción serán ampliadas y profundizadas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025», resume el Ejecutivo.
La negociación de la nueva Ley de Vivienda es una de las cuestiones que aún están enquistadas entre los socios de coalición, sobre todo en la fórmula para desplegar la regulación de los precios del alquiler.
CUESTIÓN ENQUISTADA
De esta forma, el PSOE propuso medidas de congelación de precios y fórmulas de incentivos fiscales, que los morados rechazan para demandar una intervención del mercado que consiga bajar las rentas en zonas de mercado tensionado, como recoge el acuerdo que se adoptó para aprobar los vigentes Presupuestos Generales.
De hecho, la secretaria general de Podemos y ministras de Derechos Sociales, Ione Belarra, advirtió recientemente de que no sería lógico encarar la negociación de los Presupuestos de 2022 sin que los acuerdos ya cerrados el año pasado, como la regulación del precio del alquiler o las mejoras del Ingreso Mínimo Vital, sean ya «una realidad».
